ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
EAPN pide en Toledo con Belarra consolidar las políticas sociales
El presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPNES), Carlos Susías, ha pedido ante la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en un acto en Toledo, que las políticas sociales se consoliden y que «tengan más extensión y más intensidad», porque, ha afirmado, «no se pueden quedar en un sueño de una noche de pandemia».
Así lo expresó antes de participar ayer junto a Belarra en el XVI Encuentro Estatal de Participación de EAPNES, en el que se han congregado más de un centenar de personas procedentes de todo el país, «con experiencia» en situaciones de pobreza.
Tras recordar que se contabilizan 11 millones de personas en situación de pobreza y exclusión social, de las cuales 3 millones se encuentran en pobreza severa, ha reclamado «profundizar» en medidas de protección social, como las políticas de vivienda o políticas de empleo más inclusivas, y que éstas sirvan para demostrar que también son motor de desarrollo económico. Además, incidió en que para llevarlas a término hay que abordarlas con personas en contacto con la pobreza, criticando que los que más hablan de este problema, son los «más alejados» de ella.
Susías realizó «un reconocimiento» al Gobierno porque «cuando se ha trabajado en el proyecto de la Ley de Servicios Sociales se ha llamado por primera vez a grupos para dar su opinión sobre lo que debería contemplar», algo que ha sucedido también con otras legislaciones como la Ley de Transparencia o la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Sinhogarismo en España 2023-2030.
Junto Belarra y al presidente de EAPN-ES, intervinieron Kai Hernández y Carmen Carulla, participantes de las delegaciones de EAPN Castilla y León, y de la Comunitat Valenciana.
Entre las medidas elaboradas destacan las propuestas enfocadas a la garantía de derechos, como el acceso gratuito y universal a todos los servicios públicos o impulsar una ley de empleo que obligue a las empresas a contratar un porcentaje de personas en exclusión social.