ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
El Gobierno impone la presencia equilibrada de sexos en el Tribunal Constitucional
► Extiende la obligación al CGPJ, la Fiscalía o el Tribunal de Cuentas
El anteproyecto de paridad del Gobierno introduce como principal novedad la obligación de contar con una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos constitucionales. En particular, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal y el Tribunal de Cuentas.
Así, para el caso del Tribunal Constitucional, señala que «los órganos que han de realizar las propuestas de nombramiento garantizarán el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de forma que aquellas incluyan como mínimo un cuarenta por ciento de cada uno de los sexos». Lo mismo se aplica para los consejeros permanentes y electivos del Consejo de Estado; para los vocales electos del Ministerio Fiscal; para los consejeros de Cuentas y para l os vocales del Consejo General del Poder Judicial.
‘Listas cremallera’
Por lo demás, ya se sabía que se aplicará a las elecciones a través del establecimiento de las conocidas como ‘listas cremallera’ (personas de uno y otro sexo ordenados de forma alternativa); a las vicepresidencias y departamentos ministeriales; a los órganos superiores y directivos y al personal de alta dirección de las entidades del sector público institucional estatal; a las sociedades cotizadas y a determinadas entidades de interés público. También afecta a los colegios profesionales y a la concesión de premios o condecoraciones financiados o concedidos por la Administración General del Estado o entidades integrantes del sector público institucional estatal.
Agenda 2030
Para justificar todas estas medidas que afectan a tantos ámbitos el Gobierno se apoya, de acuerdo con la exposición de motivos del anteproyecto, en la Constitución y, en el ámbito del derecho internacional, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw), en la Declaración de Pekín y en la polémica Agenda 2030. Así, la norma dice que «el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de la Agenda (“Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”), incluye entre sus metas la de asegurar “la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública” (Objetivo 5.5). Y los Estados que la han suscrito adoptan el compromiso de “aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles”», justifica el texto del Ejecutivo de Sánchez.