ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
Cruce de reproches entre jueces por venderse «por 30 monedas de plata»
El CGPJ plantará al ministerio y no acudirá a la firma del acuerdo que evitó la huelga
Si las últimas reuniones de la mesa de negociación entre jueces y fiscales con el ministerio ya habían puesto de manifiesto la división entre las asociaciones, la firma del acuerdo alcanzado el jueves con seis de ellas, y que se tradujo en la desconvocatoria de la huelga prevista para este lunes, ha ahondado más en la herida abierta en el colectivo.
La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la única que no va a sellar el pacto hoy, reprocha a sus compañeros que se plieguen a una oferta «insuficiente, indigna e inaceptable que va a lastrar durante muchos años la capacidad económica de los jueces y magistrados de este país». Sostiene que el incremento del que se habla –440 y 450 euros al mes– es irreal porque, calculándolo sobre la nómina de un juez de la última promoción, con retenciones supondrá en realidad 210 euros. «Son las 30 monedas de plata», dice la APM en alusión a la traición de Judas a Jesucristo.
Recuerda la asociación que desde septiembre de 2021 todo el colectivo se había mantenido unido en la defensa de los intereses de la carrera y que fue a la mesa de negociación denunciando una pérdida de poder adquisitivo en un 22% desde 2003 y con una huelga convocada. «Afirmar ahora que se desconvoca (el paro) por el riesgo evidente de que pueda utilizarse políticamente resulta, como poco, alarmante», dice. «Ya sabíamos que las elecciones iban a ser el 28 de mayo y que ese no era un problema de los jueces y fiscales, sino del propio ministerio por convocar la mesa de retribuciones en el mes de mayo (...) Si la motivación de otras asociaciones
para convocar la huelga o para no hacerlo fue política, tendrán que explicarlo; desde luego, no fueron las razones que llevaron a la APM a convocar una huelga indefinida», critica la asociación, que representa al 45% de los jueces y magistrados asociados y una cuarta parte del total de la carrera. Tildan la «raquítica» subida del 6,5% de «indignante, humillante y un insulto».
Estos reproches fueron contestados por las otras asociaciones. Desde Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda en número de afiliados, el acuerdo con el ministerio, que no se movió de la cifra de 46,7 millones, era «la única salida razonable». «Lo contrario habría supuesto acudir a una huelga indefinida, de la que ya se había desmarcado la APM, y que habría sumido a la Administración de Justicia en un colapso aún mayor» por el reciente paro de los letrados de
la Administración de Justicia (LAJ) y el presente de funcionarios, señaló Jorge Fernández Vaquero, portavoz nacional de AJFV. Reconoce que las cantidades que se han puesto sobre la mesa «no son las deseables», pero valora que el acuerdo contemple un calendario de trabajo que deja abierta la negociación.
Además, los representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la mesa de retribuciones del Ministerio de Justicia no acudirán a la firma del acuerdo. Según ha podido saber ABC de fuentes del Consejo, los vocales han tomado esta decisión porque aseguran que no han sido convocados formalmente y que, aún en el caso de que lo hubieran sido, no podrían asistir porque el Pleno del CGPJ no ha ratificado la propuesta del ministerio.
Los que comenzaron una huelga indefinida ayer fueron los funcionarios de Justicia tras un mes de movilizaciones y sin noticias del ministerio desde el 24 de abril. Después de haber autorizado subidas lineales de 70 millones para LAJ, jueces y fiscales, creen que «el Gobierno no puede mirar para otro lado». En su caso piden un aumento de entre 350 y 430 euros.
Los funcionarios de Justicia comienzan una huelga indefinida: «El Gobierno no puede mirar para otro lado»