La falta de datos frustra el plan del Gobierno para controlar los beneficios

Economía reconoce que el observatorio estará cojo de resultados en sectores donde predominan las pymes y rebaja su alcance político Díaz choca con Calviño y defiende un barómetro que vincule los resultados empresariales con la subida salarial

El presidente del Gobierno anunciaba el pasado mes de marzo la puesta en marcha de un observatorio para vigilar los márgenes empresariales de las empresas. Lo hacía después de que Unai Sordo, presidente de CC.OO., abogara, unos meses antes, por el control de los beneficios empresariales «disparados», y por la elaboración de un índice que sirviera de referencia en la negociación colectiva sectorial en plena espiral de precios.

El anunció cayó como un jarro de agua fría en el mundo empresarial, más enfrentado que nunca al Gobierno, por entender que ese barómetro se traduciría en un nuevo intervencionismo. Los primeros compases de esta idea, que también suscribió posteriormente UGT, llegó en plena ofensiva contra las empresas, con los intentos de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de controlar los precios de los alimentos, con las críticas a los súper por su rentabilidad, y tras el intento frustrado de alcanzar un pacto de rentas en España.

Calviño, que siempre había sido el nexo de unión del Ejecutivo con la organización que dirige Antonio Garamendi cogía el guante lanzado por Pedro Sánchez y se ponía manos a la obra con un proyecto que ha vuelto a enfrentar a la vicepresidenta económica con la titular de Trabajo. «No lo compartimos», criticaba hace unos días la laboralista tras insistir en que su idea era que este barómetro esté vinculado a las subidas salariales en cada sector, en línea con la petición que habían hecho los sindicatos. Para Díaz la fórmula que ultima la vicepresidenta primera no le sirve por razones de competitividad, teniendo en cuenta que ya se dispone se esos datos. De hecho, el ‘modus operandi’ de los técnicos de Economía está siendo tomar como base las estadísticas que ya elaboran el Banco de España, el INE y la Agencia Tributaria. Y partiendo de esta información, la idea es hacer una nueva estadística por sectores.

Un proyecto descafeinado

Si bien el proyecto sobre el que trabaja la número dos del Gobierno no da respuesta a las reclamaciones de la vicepresidenta segunda, tampoco cumplirá con las expectativas generadas porque se limitará a obtener información sobre la evolución de los sectores y no citará empresas concretas, como en un principio se dio a entender. El Ministerio de Economía ha decidido, finalmente, rebajar el alcance político del observatorio y dejarlo solo en un instrumento informativo sectorial.

El Banco de España constató en su informe sobre la economía española en 2022 una moderación de los salarios y un «cierto repunte» de los márgenes empresariales aunque «con una elevada heterogeneidad entre sectores y empresas». De hecho, esas diferencias notables que existen en el tejido empresarial en España es lo que está complicando el trabajo que ultima Economía, teniendo en cuenta que el tejido empresarial está formado en España fundamentalmente por pymes, que copan sectores clave como el comercio, la hostelería o el transporte.

La vicepresidenta primera tiene previsto poner en marcha este observatorio el próximo mes de junio, pero está tropezando con la dificultad de encontrar datos sobre márgenes empresariales, en una economía en la que más del 90% de las empresas son pequeñas y copan los sectores clave de la economía. Así lo reconocía hace unos días, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés. Explicó que la nueva estadística suministrará datos agregados sectoriales, sin citar con nombres y apellidos a las empresas. «Lo cierto es que la cobertura de la información variará según sectores, porque de algunos se dispone de numerosos datos, y en cambio, en otros, allí donde predominan las pymes y autónomos son muchos más escasos», dijo.

«Con 3,2 millones de actividades con entre 0 y cinco trabajadores, la fiabilidad de este observatorio es muy cuestionable», aseguran la fuentes consultadas por ABC, que insisten que «sólo hay 12.000 empresas en España con más de 100 trabajadores y 25.000 más de 50 trabajadores». Estas mismas fuentes se preguntan a qué beneficios empresariales se re

A la vicepresidenta segunda no le sirve el trabajo de Calviño porque no aporta nada nuevo a los datos que ya existen

fiere el Gobierno cuando hoy «las empresas venden un 13% más que en 2021 pero los gastos se han incrementado en un 30% en los últimos dos años».

Cuando este barómetro se presente, empresarios y sindicatos ya tendrán en marcha el acuerdo salarial, cuya inexistencia fue el motivo por el que CC.OO. planteó al Gobierno el control de los beneficios. A principios de mayo, un año después de que volaran los puentes entre empresarios y sindicatos para fijar un marco de subidas salariales en plena crisis inflacionista, CEOE y UGT y CC.OO. sellaron un pacto que recomienda subida de sueldos de un 10% en los próximos tres años. Alzas que se repartirán en un 4% para 2023 y el 3% en 2024 y también en 2025. Para el caso de que los precios superen estos incrementos, se incluye una cláusula de revisión anual de hasta el 1%. Un pacto dirigido a que los trabajadores no pierdan más poder adquisitivo.

Sin noticias ni reuniones

Este acuerdo bilateral ha sido posible tras intensas negociaciones, a diferencia del pacto de rentas propuesto por Sánchez. El Gobierno no llegó a proponer ninguna medida al respecto a empresarios y sindicatos, no les envió información alguna y no se celebró una sola reunión en la que las partes abordasen qué comprendería ese frustrado pacto de rentas.

Las vicepresidentas Nadia Calviño (izq.) y Yolanda Díaz