ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
Vivienda lleva nueve meses sin llamar a la banca para activar los avales hipotecarios
La ministra Rodríguez promete poner la medida en marcha a finales de febrero, pero antes debe firmar dos convenios con el ICO y las entidades
Los avales para hipotecas fueron anunciados por primera vez hace nueve meses por Pedro Sánchez en un mitin del PSOE en Canarias. Desde entonces ha pasado dos veces por el Consejo de Ministros pero todavía no hay ni rastro de la medida. Ahora, el Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez busca sacarla adelante; concretamente, esperan tenerlo listo para finales de este febrero, nueve meses después. Pero el tiempo corre en contra del Gobierno ya que todavía ni se ha puesto en contacto con la banca, según varias fuentes financieras.
«Esperamos tenerlos listos (los avales) al finalizar el mes de febrero», indicó hace pocos días la titular de Vivienda durante la firma con el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Ignacio Hernando, del convenio para la promoción de 475 viviendas destinadas a alquiler social. Días antes ya había dicho que en este mes se sacarían adelante; sin embargo, para poder activar estas garantías públicas primero hay que firmar un convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y después con las entidades financieras, que son las que realmente ponen el dinero en los préstamos hipotecarios.
Esta es la primera vez que el Ejecutivo da concreción respecto a los plazos de una medida muy esperada por los consumidores y que ya funciona en algunas comunidades autónomas que decidieron ponerlo en marcha por su cuenta, como Madrid o Galicia.
Con todo, todavía faltan detalles relevantes sobre cómo se articularán estas ayudas. Estas garantías públicas están destinadas a avalar, a través del ICO, a jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a cargo con un máximo de 37.800 euros de ingresos anuales (inferiores a 4,5 veces el Iprem) para que puedan acceder a una hipoteca de hasta el cien por cien del valor del piso.
El Estado avalará hasta un 20% –25% si la calificación energética de la vivienda es mínimo D– del préstamo. Habitualmente los bancos suelen conceder hasta el 80% del valor del piso, y el 20% restante más otro 10% de gastos los debe aportar de su bolsillo el comprador; esto es lo que se conoce como la entrada. Los jóvenes, pese a que tengan estabilidad laboral y solvencia económica, no disponen de ahorros para aportar esa entrada y se ven expulsados del mercado de compraventa de vivienda si no disponen de ayuda de familiares en muchos casos.
Es por ello que el Gobierno saca esta medida, para que gracias al aval público el consumidor pueda acceder a una hipoteca hasta el cien por cien del valor del piso y casi no tenga que aportar ahorros previos.
Estas ayudas podrán pedirse hasta el 31 de diciembre de 2025, (se contempla una posible prórroga de dos años) y la duración de las garantías durará diez años, «con independencia del plazo de amortización del préstamo y de la existencia o no de periodo de carencia». El importe total de los avales previstos es de 2.500 millones de euros y el Ejecutivo espera llegar a 50.000 familias, con lo que el aval medio por operación sería de 50.000 euros. Asimismo, el límite de acceso de 37.800 euros aumentará un 70% para familias monoparentales, hasta los 64.000 euros, y al doble, hasta los 75.600 euros, si la hipoteca es firmada por dos personas. También se incrementará un 0,3% el límite por cada hijo a cargo.
Más allá de ello, el Ejecutivo todavía tiene que concretar algunos detalles de cómo se configurarán estos avales públicos. La antigua ministra de Transportes, Raquel Sánchez, dijo en su momento que «se abre la puerta a establecerse un límite máximo de precio de venta o tasación de la vivienda, que podría fijarse en función del ámbito territorial».
Esto significa que podría no otorgarse el aval si la vivienda cuesta más de una determinada cantidad y que los umbrales no serían iguales en todas las comunidades autónomas. Esto último es en lo que más han estado trabajando el Ministerio de Vivienda y el ICO, según fuentes consultadas.
Así las cosas, los pasos que faltan ahora son los de firmar un convenio con el ICO y que luego este haga lo propio con la banca. No se haría un convenio a nivel individual con cada entidad financiera sino que lo previsto es que sea a escala sectorial y después los bancos se vayan sumando.
LAS CLAVES Intención del Gobierno El Ejecutivo quiere poner los avales en marcha a finales de febrero. Sin embargo, todavía no ha firmado el convenio necesario con el ICO, ni el posterior con la banca; de hecho, las entidades financieras aún no tienen constancia de los detalles. Requisitos Estas garantías públicas están destinadas a avalar, a través del ICO, a jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a cargo con un máximo de 37.800 euros de ingresos anuales (inferiores a 4,5 veces el Iprem) para que puedan acceder a una hipoteca de hasta el cien por cien del valor del piso. Comunidades Algunas comunidades como Madrid o Galicia ya tienen en marcha sus propios avales, aunque los criterios de concesión son muy estrictos.
Recelos de la medida
Pese a ello, hay ciertos recelos en la medida. Por una parte, como publicó este periódico, las entidades financieras no quieren que con una medida como esta se pueda dar alas a generar una pequeña burbuja, con lo que lo esperado es que los criterios de concesión de las hipotecas con aval público sean bastante duros, igual que ocurre con las líneas de garantías públicas de las comunidades autónomas.
Por otra parte, los bancos llevan años reduciendo las hipotecas que conceden de más del 80% del valor del piso. Las entidades financieras prácticamente han enterrado ese tipo de préstamos para vivienda. Según las últimas estadísticas del Banco de España, en el tercer trimestre de 2023 las hipotecas nuevas de más del 80% del valor del piso solo representaban el 6,6% del total. Son algo residual en el sector financiero, mientras que hace pocos años ese porcentaje más que se duplicaba; en 2018 el 15% de los créditos para vivienda eran por esa cantidad.
Con un ambicioso calendario de protestas por todo el país, que comprende casi todo el mes de febrero, las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA pretenden que sus demandas sean escuchadas tanto en el Ministerio de Agricultura como en las comunidades autónomas y Bruselas. El secretario general de COAG, Miguel Padilla, atiende a ABC en el inicio de las manifestaciones oficiales del campo. «Es verdad que el calendario se ha adelantado por toda la situación de Europa. Pero no es más que la hoja de ruta que teníamos prevista», cuenta.
—¿Qué balance hacen de estos primeros días de protesta?
—Comenzamos ayer (por el jueves) en Ávila, Salamanca, Ciudad Real y Huesca y fueron espectaculares. Este viernes hemos estado en Badajoz, Zamora y Bilbao y ha ido muy bien. Lo que me transmiten es que está habiendo una respuesta bastante en línea a lo que ha sido siempre.
—¿Creen que lograrán su objetivo?
—Nuestro objetivo es conseguir el máximo de reivindicaciones que estamos pidiendo. Parece ya que se abre alguna puerta. La presidenta de la Comisión Europea anunció el lunes que se dejaba sin efecto el reglamento SUR, el que contenía el tema fitosanitario, para rebajarnos al 50% su utilización, una de nuestras reivindicaciones más fuertes, porque a lo que son sectores como frutas y hortalizas nos dejaba desarmados, teniendo en cuenta que los fitosanitarios que usamos en la UE tienen un control riguroso, científico. Yo creo que se van a abrir más puertas. Sobre los productos de terceros países (cláusulas espejo...), yo creo que alguna decisión positiva puede haber. Y con respecto a España, Planas se ha comprometido a crear una mesa en cuanto a la Ley de la Cadena, y para el tema del seguro. Espero que se empiece a solucionar ya.
—Estos días han surgido plataformas espontáneas de agricultores que también protestan. ¿Qué opina?
—Todo este tema de plataformas, salvo que haya actos violentos, si son para luchar por las reivindicaciones pues bienvenidas sean, más fuerza se hará. Reivindicar nos beneficia a todos y, si soy muy egoísta, como agricultor a mí también.
—Estas plataformas son críticas con las organizaciones agrarias
—No creo que haya ninguna reivindicación suya que no la hagamos nosotros. Las opiniones las respeto, dicen «no nos representan», pero yo soy agricultor de hortaliza, olivar, cítricos, vivo de ello, tengo callos en las manos y quiero que me representen agricultores y ganaderos. Los problemas del campo los conocemos los del campo. Ninguna duda en eso.
Se extendieron a Cercanías
Las protestas también pusieron contra las cuerdas la movilidad en los servicios de Cercanías. En el caso de los primeros, los servicios mínimos fueron del 75% en hora punta (de 06.30 a 09.30 h, de 13.30 a 15.30 y de 18.30 a 20.30 h) y del 50% durante el resto de la jornada.
Por otra parte, se cancelaron 202 trenes de mercancías, tras decretarse unos servicios mínimos del 25%.