ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
El peso del voto exterior añade incertidumbre a una noche de infarto
Los gallegos en la diáspora pueden decantar unas elecciones cruciales para Rueda y Pontón
Galicia vota hoy, pero podría no decidir hasta una semana después. Todo apunta a que el resultado será muy ajustado, dirimido en un puñado de papeletas en las cuatro provincias. Tanto que no sería descabellado que el reparto con el que acabe el 18 no sea el definitivo. La moneda puede determinar cara o cruz o quedar bailando sobre el canto, a la espera de que el voto CERA (Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero) la incline hacia un lado (nueva mayoría absoluta del PP) o el otro (posibilidades de multipartito de nacionalismo e izquierda).
En las primeras autonómicas en Galicia sin voto rogado, casi medio millón de personas censadas en el extranjero han podido emitir su voto; bien por correo, hasta el día 13, o en urnas –en consulados o centros habilitados– hasta el 15. Ese mismo día acababa el plazo para que enviaran su papeleta aquellos que se encontrasen temporalmente en España. Todos estos votos se empiezan a escrutar el 26, con fecha tope el 29.
Hablamos de una bolsa de electores muy abultada, pero su peso en el resultado final es una incógnita. En las generales del 23J –primeras sin voto rogado–, el voto CERA, en el conjunto de España, fue de un 10%, pero en Galicia rondó el 7%; esto es, el mismo que a nivel nacional en 2019, cuando no se habían eliminado las trabas burocráticas. En 2012 fue del 3,26%; en 2016, del 2,41%; y en 2020, del 1,17%. Una tendencia claramente a la baja. Este 2024 hay otro factor a tener en cuenta, que restará participación en América del Sur: el período vacacional (es verano) y cuatro días festivos de Carnaval, de los seis de depósito en urna, que además eran los cuatro últimos para votar por correo.
Cuatro años de bipartito
En todo caso, si algo enseña la historia, es que el voto del exterior ha tenido impacto en las elecciones gallegas, con y sin voto rogado. Especialmente en 2005, cuando no dio a Manuel Fraga los pocos votos necesarios para llegar a los 38 escaños, y Galicia entró en una fase de cuatro años de bipartito PSOE-BNG. En 2009 –cuando la participación de la diáspora fue del 30,32%– restó un acta al PP, pero Feijóo tenía margen, con 39, y no alteró su primera absoluta. En 2020, en cambio, subir uno, hasta los 42, no hizo más que apuntalarla.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, de los 2.693.624 gallegos con derecho a voto este 18F, 476.514 residen en el extranjero: un 17,7%. El mayor volumen se da en la provincia de La Coruña, con 164.842; seguida de Pontevedra (138.182), Orense (103.832) y Lugo (69.658). Aunque, en términos relativos, el peso es mucho mayor en las del interior, con un 29% en Orense y más del 20% en Lugo; frente al 15% en las provincias atlánticas.
Por países, sobresale, de largo, Argentina, destino mítico de la diáspora –no en vano a los españoles se les ha etiquetado históricamente como ‘gallegos’–, con 166.289 residentes. Destacan también Cuba (45.672), Brasil (45.391), Uruguay ( 37.165), Suiza (34.114) y Venezuela (26.698).
Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y México se mueven entre los casi 18.000 y los cerca de 13.000. Con otros 38.559 gallegos diseminados por el resto del planeta –hay, según la canción, hasta alguno en la Luna–. Algunos de esos países han sido mimados in situ por los candidatos. Especialmente Alfonso Rueda. Llevaba apenas seis meses como presidente de la Xunta cuando, en octubre de 2022, se marchó a hacer las Américas por primera vez como máximo representante del gobierno gallego. Recaló en Argentina y Uruguay, alternando citas institucionales con encuentros con la diáspora. ¿Sonreirá el voto CERA a Rueda o a Pontón? ¿Ayudará a extender la hegemonía del PP o se decantará por el «cambio» que pregonan independentistas e izquierda? La respuesta puede quedar en el aire durante días, y añadir incertidumbre a una noche que ya se prevé de infarto.
El asesinato de dos guardias civiles en la bocana del puerto de Barbate, en Cádiz, ha vuelto a poner en el foco la persistente reclamación de medios humanos y materiales para la persecución del narcotráfico en este y otros puntos del territorio nacional, pero con el añadido de que ahora hay una nueva jefa en la Fiscalía Antidroga después de 15 años que ha puesto por escrito que las competencias de la Audiencia Nacional están «obsoletas», algo con lo que la Fiscalía ordinaria está de acuerdo. Propone un rediseño para que pueda asumir más causas sobre tráfico de drogas, aliviando la situación de los juzgados de instrucción y primera instancia que investigan estos asuntos sin recursos suficientes. Pero también, para que el potencial de esta instancia se centre en las causas de alto impacto, organizaciones de ámbito transnacional, en lugar de ceñirse a asuntos sólo en función del número de provincias en España a las que afecte el delito, como ocurre ahora.
Dentro de los juzgados centrales, magistrados y fiscales consultados por ABC ven en este debate una oportunidad para avanzar en lo que es una aspiración compartida: que la Audiencia Nacional se convierta en referencia en la persecución del crimen organizado, que es, en el fondo, para lo que goza de una alta especialización y que son las causas que resultan más complicadas de instruir en juzgados sobrecargados. La apuesta de la mayoría de los consultados es una reforma integral por la que se asuman los delitos cometidos por organizaciones criminales, independientemente del tipo penal –nadie entiende que la trata de seres humanos no sea ya de la Audiencia Nacional, por ejemplo– siempre que
Magistrados y fiscales apuestan por asumir las causas por organización criminal ante las «obsoletas» competencias que apunta Antidroga
El criterio sobre el impacto en distintos territorios y la complejidad en términos de falta de medios arrastra casos a los Centrales
los ilícitos lo sean de especial gravedad. Esto, en narcotráfico, podría traducirse en kilos incautados, rama internacional o corrupción, como cuando hay miembros de las fuerzas de seguridad involucrados. Y todo, sin descuidar la raíz del problema: un acondicionamiento serio de los juzgados de primera instancia e instrucción que, como en el caso de Barbate, pero también en municipios de Galicia, de las islas o el Levante, no cuentan con los recursos suficientes para sostener causas complejas ni con espacios para después enjuiciarlas.
Los límites de hoy
En la actualidad, la Audiencia es competente en exclusiva para investigar, además del terrorismo, los delitos contra la Corona, las Altas Instituciones del Estado y la forma de Gobierno. También la falsificación de moneda y los fraudes con tarjeta, pero sólo cuando esté detrás una organización criminal. Asimismo, asume las estafas si son de entidad y afectan a una pluralidad de personas que se encuentren en más de una provincia. En el caso del narcotráfico, concurrirán los dos requisitos: es de los juzgados centrales si hay una organización criminal y si sus delitos tienen efectos en territorios de dos o más audiencias provinciales. Y ahí Antidroga ve un corsé y dos magistrados consultados, un ‘coladero’ para asuntos que viajan a la Audiencia Nacional por su extensión geográfica. Porque sí, hay cierto malestar con el sistema de competencias actual y sensación de que las capacidades de este órgano judicial se están empleando en asuntos que cualquier juzgado ordinario con una dotación suficiente podría asumir.
«Bastaría con aplicar bien el reparto que ya hay», dice un instructor de la Audiencia Nacional, crítico con algunas asignaciones que llegan desde el Tribunal Supremo y en las que se utiliza como criterio la complejidad, refiriéndose a la falta de medios del juzgado de origen más que a la dificultad para esclarecer los hechos. Un caso reciente, el de una estafa de venta de teléfonos móviles en Don Benito, Extremadura. El juez mandó el caso a la Audiencia porque había pluralidad de afectados en más de una provincia y le dieron la razón. Su auto también reflejaba que le llegaban las denuncias en papel y sólo tenía dos escáneres para digitalizarlas. A veces, no es que la Audiencia Nacional disponga de muchos más medios, es que los juzgados de origen apenas tienen, como subrayan los consultados. Un fiscal, no obstante, se para en este punto: «No podemos dejar de asumir ese tipo de estafas que bloquean un juzgado ordinario».
En general, el criterio del Supremo es restrictivo a la hora de asignar las causas, pero como comenta un veterano de Antidroga, «puedes encontrar tantas resoluciones a favor como en contra» con los mismos requisitos. «Al final, a la Audiencia Nacional tendrían que venir los asuntos por la afectación y la gravedad, no por el número de provincias», completa otro magistrado de la Sala de lo Penal. Subraya las ventajas de centralizar los asuntos, como el hecho de que «se unifica criterio» frente a realidades complejas, como la validez de las operaciones que parten de la intervención en Francia del chat de los narcos, Encrochat.
El escepticismo
Hay otra derivada y es de escepticismo respecto de la propia Fiscalía Antidroga. La respuesta de un fiscal de la ordinaria sobre asumir más causas de narcotráfico es reveladora: «Si es para acusar, sí. Si es para conformarse, no». Lastra una fama controvertida esta Fiscalía en la Audiencia Nacional. Un detalle: la nueva jefa, Rosana Morán, ha prohibido a los suyos sellar conformidades parciales (se rebaja la pena al acusado aunque sólo reconoce una parte de los hechos y no todos). Otro: la Fiscalía Especial estaba en 237 asuntos en el año 2005, según la estadística consultada por este diario. En 2021, en plena actividad de la unidad de élite antinarco
LAS COMPETENCIAS Terrorismo
rillos franceses que llegaron a incendiar París, muchos agricultores, destacadamente olivareros andaluces, comenzaron a cortar autovías, como ocurre ahora. Pero llegó la pandemia y ese incipiente movimiento, como todo lo demás que no fuera la Covid, quedó congelado. Entonces, como ahora y al igual que Ribera desde 2018, al frente del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está Luis Planas, un veterano socialista con buena interlocución con el sector y al que muchos en el entorno gubernamental atribuyen que las cosas no hayan llegado a mayores. Al menos hasta ahora.
Mercosur y Ucrania
Pero, además de la transición ecológica y de todo lo que engloba la Agenda 2030 –cuyo pin suele lucir en la solapa Sánchez, que le ha dado incluso rango de Secretaría de Estado–, hay otros dos empeños políticos del líder socialista (sin duda no exclusivos del presidente español) que chocan frontalmente contra lo que proclaman los tractoristas en las calles, tanto las de nuestro país como las europeas. Y no son otros que el acuerdo con Mercosur, que lleva décadas negociándose y al que Sánchez trató de dar impulso el año pasado como presidente de turno del Consejo de la Unión Europea (UE), y la política de ayudas o incluso de ampliación del club comunitario a Ucrania. Lo primero es rechazado por unos agricultores que consideran injusto introducir en el mercado europeo productos con estándares de calidad bastante menos rigurosos, según han denunciado reiteradamente, también en estas semanas de protestas. Y lo segundo, dada la vasta extensión agrícola del no en vano denominado ‘granero de Europa’, podría hacer saltar por los aires la Política Agraria Común (PAC), al menos tal y como la conocemos.
El Ejecutivo trata de reconducir el conflicto al marco estrictamente económico o de ayudas. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, señaló el viernes en Málaga que se han dado «1.380 millones desde 2022 en ayudas directas, 2.800 millones en ayudas para la modernización del regadío o 4.800 millones ligados a la Política Agraria Común». La número dos de Sánchez trató de combatir las críticas a la derecha en el ámbito medioambiental, ya que «no puede ser que dejemos a un lado los criterios medioambientales o que renunciemos a la digitalización simple y llanamente porque son transiciones complejas», argumentó Montero.
La ministra de Seguridad Social Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, se reúne hoy con el sector, al que propondrá garantizarle una migración «circular y ordenada» como solución a la falta de mano de obra. Sánchez, en definitiva, afronta una crisis de envergadura que atañe a varias de sus convicciones políticas, en un momento de gran incertidumbre política sobre el futuro de su mandato.
También alerta el campo de una eventual ampliación que haría saltar por los aires la PAC, dada la vasta extensión agrícola ucraniana. De nuevo Sánchez es uno de los dirigentes europeos más partidarios de la misma. Agenda 2030 La oposición acusa al Gobierno de PSOE y Sumar de llevar a cabo un «dogmatismo ambiental» que perjudica al sector primario. Y quienes protestan estos días con sus tractores en las calles españolas ponen su diana argumental en muchas de las normas que deben cumplir y que entorpecen su actividad.