ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
Un Comité de Coordinación trabajará para lograr «grandes avances» en el campo El Sescam rechazó mascarillas de la trama del ‘caso Koldo’ por ser «defectuosas»
Page acordó ayer con el sector que estará integrado por varias consejerías y las asociaciones agrarias
La Junta de Castilla-La Mancha creará en los próximos días un Comité de Coordinación con las asociaciones agrarias para atender las demandas del sector «y poder llegar a grandes avances en un futuro inmediato». Este comité estará integrado, por un lado, por las consejerías de Desarrollo Sostenible y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y, por el otro, por Asaja, UPA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias.
Así lo acordaron este viernes en la reunión que tuvieron en el Palacio de Fuensalida de Toledo, sede del Gobierno regional. A ella asistieron el presidente autonómico, Emiliano GarcíaPage; el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro; el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán; la directora general de Medio Natural y Biodiversidad, Susana Jara; y los máximos responsables de Asaja, José María Fresneda; de UPA, Julián Morcillo; de COAG, Estanislao Galve; y de Cooperativas Agroalimentarias, Ángel Villafranca, según informó la Junta en nota de prensa.
Tras la reunión, Martínez Lizán compareció en rueda de prensa y expresó la voluntad de la Junta de citarse con el sector, de llegar a acuerdos y de «plasmar las medidas que puedan ser competencia del Gobierno regional, del Ministerio, de la Unión Europea, mediante la interlocución con el ministro o a través de otras herramientas como el Comité de las Regiones, que se celebrará en Bruselas en el mes de abril».
Asimismo, el consejero de Agricultura recordó que en los últimos días se ha firmado un convenio regional con entidades financieras con tipos de interés preferente para agricultores y ganaderos. Esto se complementará con los instrumentos financieros del Ministerio y con los que colaborará la Consejería económicamente «para la implementación, por ejemplo, de los avales Saeca».
Martínez Lizán también se refirió al plan de ordenación de las zonas ZEPA para la próxima campaña, donde «esperamos conseguir una continuidad con las líneas marcadas en periodos anteriores para facilitar el desarrollo agronómico en las zonas de influencia de protección de aves esteparias». La idea es que así los agricultores sepan a qué atenerse a la hora de realizar sus solicitudes PAC.
En cuanto a la Ley de la Cadena Alimentaria, el consejero explicó que el Ministerio ya ha anunciado la creación de una agencia que completará la ley y la Comisión Europea ha mostrado interés en trabajar en la cadena alimentaria para proteger al sector. Mientras, la Junta ha realizado 679 controles sólo en los últimos cuatro años, imponiendo 126 expedientes sancionadores.
«Y seguimos abiertos a la colaboración de cualquier agricultor u organización que lo quiera plantear para que hagamos controles en aquellos sitios donde se pueda estar cometiendo alguna desvirtualización en la venta de los productos y, en ese sentido, seremos inflexibles», aseguró el consejero.
La trama del ‘caso Koldo’ también intentó vender mascarillas a la Junta de Castilla-La Mancha en 2020 al igual que hizo con los gobiernos de Baleares y Canarias, los tres del PSOE. Sin embargo, una responsable del suministros del Servicio de Salud regional (Sescam) rechazó la compra del material de protección por ser «defectuosas». La noticia fue publicada este viernes por Ander Azpiroz en los medios regionales de Vocento, citando un informe de la Guardia Civil que revela el cruce de correos electrónicos entre el Sescam y la trama. Hay que explicar que Koldo García, que da nombre a este presunto caso de corrupción, era asesor del entonces ministro José Luis Ábalos y aprovechó su posición política para obtener millonarias mordidas por hacer de intermediario junto con una serie de empresarios en la compra de mascarillas en China. De momento, la Junta guarda silencio sobre este tema.
Transición, no revolución
Por otro lado, sobre la petición de una mayor agilidad en la tramitación de los expedientes, Martínez Lizán dijo que en esta campaña se han juntado dos factores: las dificultades del sector para implementar las nuevas medidas reguladas en la normativa como los ecorregímenes y el inicio del nuevo programa de la PAC que regula nuevas formas administrativas de gestión. Con ellos, «vamos a intentar que a partir de ahora la agilidad sea mucho mayor y los pagos sean lo más dinámicos posible».
Por último, el consejero hizo una reflexión: «Lo que hace falta es una transición, pero no una revolución que pueda tirar al traste el trabajo de muchos años; un trabajo en el que tenemos que seguir avanzando por la vía que se ha marcado, pero con criterios lógicos de diferenciación en las peculiaridades en función de la ubicación de nuestras explotaciones a nivel territorial».