ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
A pocos días de la Semana Santa, la Policía Local tensa la situación
El equipo de gobierno culpa a Tolón de haber firmado un acuerdo imposible de ejecutar
El conflicto entre la Policía Local y el Ayuntamiento de Toledo va camino de complicar la Semana Santa al equipo de gobierno y se ha llegado, incluso, a pensar en contratar seguridad privada para garantizar que se celebren las procesiones con normalidad, según confirmaron ayer a ABC fuentes municipales, como ya se hizo en 2018, si no se llega a un acuerdo. Esta semana se ha suspendido la prueba de la Medio Maratón y 10 Kilómetros de Toledo, que estaba prevista para mañana domingo, porque no se contaba con los agentes necesarios para poder garantizar el tráfico en la ciudad y la seguridad de los corredores. Una forma de protestar por el impago de unos atrasos de unas guardias de 2023 y de estos meses de 2024, un conflicto que, según ha denunciado el Sindicato de Policías Locales (SPL) se remonta a meses atrás, cuando se firmó con el anterior equipo de gobierno el acuerdo para el Segundo Plan de Modernización de la Policía Local de Toledo y que no se está cumpliendo en la actualidad.
El actual equipo de gobierno, a través del concejal José Manuel Velasco, explicó ayer que este acuerdo se firmó a tres días de las elecciones, «a sabiendas de que era imposible la aplicación efectiva». «Fue la intervención municipal la que ha levantado un reparo de legalidad y nosotros no podemos levantar este reparo en el que se pide que el Ayuntamiento no prevarique» e insistió que «sabían que el acuerdo iba a ser imposible», por lo que la responsabilidad está «en el anterior equipo municipal». No obstante, Velasco afirmó que «para nosotros lo importante es encontrar una solución y no vamos a entrar en polémicas, ni con la policía local ni con el grupo del
José Manuel Velasco: «Lo importante es encontrar una solución; el equipo de gobierno no va a entrar en polémicas, ni con la Policía Local, ni con el PSOE»
PSOE».
El informe de la intervención municipal para el pago de estos atrasos es claro. Según ha conocido ABC, la propuesta del equipo de gobierno para abonar lo reclamos se ha fiscalizado, con fecha del 16 de febrero, con «reparos suspensivos». Y se afirma que «esta intervención entiende que el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno el 25 de mayo de 2023 no se está aplicando correctamente y supone el abono de cantidades sin efectivo desempeño contrario a la legislación aplicable (...) y esta aplicación no está recogida en los créditos presupuestarios aprobados para 2024 por lo que supone un aumento injustificado del capítulo 1 incumpliendo las limitaciones de incrementos retributivos del personal al servicio de las entidades locales».