A cada amnistía le llega su sanmartín

SI reparamos en los mecanismos de corrección introducidos por las leyes de memoria histórica y memoria democrática, obras maestras y respectivas de Zapatero y Sánchez, comprobamos de inmediato cómo socavan –de la ley a la ley, que dijo aquel, «que por tenerte da la vida/ que estando lejos no te olvida»– los cimientos de un régimen del 78 que precisa y no casualmente fue construido sobre el consenso, la concordia, el olvido y todos esos valores tan elevados que ahora reutiliza el presidente del Gobierno con fines particulares y sin asomo de pudor cívico. La Ley 46/1977, de 15 de octubre, indulgencia plenaria de la que parte la Transición, borrón y cuenta nueva, es papel mojado desde el mismo momento en que la memoria histórica, luego perfeccionada como democrática, legitima el señalamiento, la persecución y la inhabilitación –ahora cancelación– de más o menos la mitad, a ojo de buen o mal cubero, de los beneficiados por aquella seminal amnistía. Para muestra, un botón.

Hace unos días, Jueves Santo, TVE dedicó con generosidad su magazín matinal, la habitual tertulia de la Txaro, a la retransmisión del traslado del Cristo de Mena a manos de los legionarios. Precioso. Por la locución que acompañaba la señal televisiva se entera uno de que la imagen del Cristo original se quemó, que ardió, que se perdió. «En el 31», apuntan las tertulianas sistémicas. Sin más. Que parezca un accidente. Como Notre-Dame de París. Una colilla mal apagada o un cortocircuito. Se quemó, ardió. Una pena muy grande. Sin salir de Málaga, la misma emisora pública nos informa de que «el Gobierno ha abierto un expediente y estudiará si hubo exaltación del golpe y la dictadura en la procesión del Mutilado». «Los cofrades portaron este estandarte con el escudo y lemas del franquismo». Fin de la cita, o ley de punto seguido, no final. Todo esto se enseña en las escuelas, se difunde a través del aparato oficial y se firma en los tribunales.

Sin necesidad de especular sobre el desenlace –doméstico o comunitario, político o judicial– de la nueva amnistía que prepara y se prepara el Gobierno, conviene tomar nota de la experiencia que proporcionan las antedichas leyes de Zapatero y Sánchez para, llegado el caso, que llegará, un próximo gobierno dé la vuelta como a un calcetín a una medida de gracia y simpatía que, más allá de la suelta de cualquier delincuente, puede ser revertida por su correspondiente ley de memoria. Quizá sea mucho pedir al PP, pasivo ante el desarrollo de la normativa retroactiva de Zapatero, que un año de estos redacte una ley que articule la creación de una Fiscalía que persiga de oficio cualquier expresión de gozo y vindicación relacionada con el ‘procés’, deshonre a sus promotores, instruya a través de una asignatura troncal y obligatoria –también en Cataluña– a las nuevas generaciones en los valores comunes contra los que atentó la trama de Puigdemont y, por no seguir, establezca como fiesta de guardar el 3 de octubre, por lo del discurso del Rey. Para todo esto, la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática y derogación de facto de la amnistía de 1977, es modélica y prolija en ideas y detalles.