ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
Nuevo choque: Page pide por carta a Sánchez un cambio en la financiación autonómica
Exige que las leyes estatales no impongan gastos extra a las comunidades
El presidente regional, Emiliano García-Page, remitió ayer una carta al jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, instándole a la necesidad de abordar en la próxima conferencia de presidentes un nuevo modelo de financiación autonómica, ya que el actual perjudica a las finanzas de la región. «Como presidente de Castilla-La Mancha, vengo observando con preocupación cómo la adopción de diversas actuaciones y medidas por parte de los diferentes Gobiernos de España han tenido una clara incidencia en el ámbito de la financiación autonómica», y «consideramos que la Administración General debe establecer todos los mecanismos que garanticen que las normas estatales que supongan incremento de gasto o reducciones de los ingresos tributarios de las Comunidades autónomas contengan la valoración correspondiente y no impliquen una disminución de los márgenes de autonomía para desarrollar sus competencias propias», señala la carta.
El hecho de que las normativas estatales no garanticen la financiación suficiente a las Comunidades autónomas «supone un menoscabo de los recursos financieros que, en el caso de mi región, nos pone en enormes dificultades para poder cumplir con las exigencias que la ciudadanía de la región nos marca en políticas ya consolidadas como la sanitaria, los servicios sociales o nuestras propias infraestructuras», añade la misiva a Sánchez.
Un ejemplo de ello es, desde la vertiente de los ingresos, «la realización de modificaciones normativas por parte del Estado sobre tributos cedidos, total o parcialmente, que suponen una minoración de su rendimiento como las aplicadas al impuesto especial sobre la electricidad y al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)». Argumenta Page que lo mismo sucede desde el punto de vista de los gastos, donde los sobrecostes derivados en el ámbito de la atención a personas con discapacidad tras la aplicación del acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se cifran en más de 32 millones de euros hasta el año 2030; o en el ámbito de la atención a las personas mayores, teniendo en cuenta además la demografía de Castilla-La Mancha, con importantes sobrecostes derivados del cambio de modelo y que, además, no se adapta a a las necesidades» de los ciudadanos.
Una situación similar se produce en la enseñanza universitaria, pues la aplicación de la LOSU está suponiendo «un incremento muy notable de los costes de las universidades con implantación en la región y, por tanto, de las obligaciones financieras de la Junta de Comunidades previstas en los respectivos contratos-programa acordados con las mismas. Por ello, «te pido que en la próxima Conferencia de Presidentes se incorpore un punto donde se aborde un Compromiso de Estado que implique la garantía de financiación de los sobrecostes que se derivan de la aplicación de normativa o acuerdos de la Administración del Estado, compromiso que debe ser trasladado a la normativa básica del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas«.