ABC (Toledo / Castilla-La Mancha)
Ninguna capital supera la tasa de esfuerzo para topar los alquileres
Sumar quiere que Gobierno y municipios puedan declarar zonas como tensionadas
El Gobierno se siente frustrado con los límites al alquiler de la ley de Vivienda porque su propia redacción está poniendo trabas a su deseo de intervenir las rentas en toda España, al proporcionar el poder para establecer una zona como tensionada a unas autonomías en las que el Ejecutivo de Pedro Sánchez apenas tiene mano tras el batacazo del PSOE en los comicios del 28 de mayo de 2023. Para tratar de salvar la papeleta, el grupo socialista presentó una moción en el Senado a mediados de febrero para tratar de otorgar esas competencias a los ayuntamientos, y ahora son sus socios de Sumar quienes incluso suben la apuesta con el lanzamiento en el Congreso de los Diputados de una Proposición No de Ley (PNL) que aboga por que sean los consistorios, pero también el propio Estado, quienes puedan declarar un municipio como zona tensionada, el trámite fundamental para poder intervenir el precio de los arrendamientos. Aún así, con la norma estrella de la pasada legislatura en la mano, se contarían por decenas los municipios en los que no se podrían topar los alquileres.
‘A priori’, no podría ocurrir en casi un tercio de las capitales de provincia españolas. La ley de Vivienda argumenta que para que se pueda declarar una zona como tensionada se tiene que justificar, al menos, uno de estos dos supuestos: o bien que en el municipio el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en los cinco años anteriores un crecimiento acumulado de al menos tres puntos por
3% Es el encarecimiento extra por encima del IPC regional del último lustro que exige la ley de Vivienda para poder topar el precio de los alquileres en una zona concreta.
centuales por encima del crecimiento del IPC autonómico; o que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares en esa zona.
Pues bien, ninguna de las capitales de provincia supera la tasa de esfuerzo consignada en la norma, según datos de Idealista, que se calculan en base a los precios de alquiler ofrecidos por el Ministerio de Vivienda, los ingresos familiares que ofrece el INE y una estimación del consumo energético de la CNMC. Las que más se acercan al nivel necesario para activar ese dispositivo son Alicante, donde los hogares destinan el 24,3% de sus recursos a pagar el alquiler y los gastos asociados, además de Madrid (24,6%), Cádiz (24,6%), Palma de Mallorca (25,2%) y Barcelona (27%).
Barcelona, en duda
La Ciudad Condal fue declarada como zona tensionada a mediados del mes de marzo, junto a otros 139 municipios catalanes, pero hay dudas sobre si esta declaración se ajusta a la normativa. Barcelona podría no cumplir el requisito de la subida de precios necesaria para poder limitar las rentas. Según Idealista, el incremento registrado entre 2018 y 2022 en los datos oficiales es del 14,5%, por debajo del 15% (11,97% del IPC en Cataluña durante los últimos cinco años más los tres puntos que fija la ley) que marcaría el mínimo necesaria para poder declarar una zona como tensionada. «Es posible que la Generalitat utilice la variación por metro cuadrado, que sí supera por la mínima ese límite, alcanzando el 15,7%», matizan desde el portal inmobiliario.
Según el listado de rentas que tiene Vivienda no cumplen esta condición otras 18 capitales de provincia: Badajoz, Burgos, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Jaén, León, Orense, Oviedo, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid, Zamora, Ceuta y Melilla.