Expediente a un trabajador municipal por la brecha de seguridad en el ayuntamiento

El pasado 11 de marzo el Ayuntamiento de Mora (Toledo) comunicó a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) una brecha de seguridad detectada en la aplicación informática que utilizan para gestión documental de expedientes y firma electrónica, un programa que permite tramitar electrónicamente los expedientes de todas sus unidades organizativas.

Ayer, se abrió un expediente informativo al trabajador asignado al puesto de trabajo correspondiente a una dirección IP interna desde donde se accedió a la documentación.

El alcalde de Mora, Emilio Bravo, dio orden al Área de Informática para que investigase el origen y alcance de esta brecha, redactando posteriormente, un informe técnico que permitiese al regidor tomar las decisiones oportunas e incluso elevar denuncia a la autoridad judicial si procediese.

El Área de Informática ha emitido un informe de más de cien páginas (entre el informe y sus cinco anexos), en el que detalla y explica toda la información que la aplicación informática municipal ofrece sobre la actividad del usuario interno ‘Absis Concultor’, usado para acceder indebidamente al sistema municipal. En este documento se detalla que este usuario se ha utilizado usando «una dirección IP interna» (ordenador municipal) y seis direcciones IP externas» a la red informática del consistorio.

«Para que se hagan una idea de la gravedad del asunto, hemos detectado que accedieron (no sabemos con qué intención) a multitud de documentación como relaciones bancarias de pagos, relaciones de nóminas del personal municipal, escritos de descargo, informes de secretaría e intervención, aprobaciones de gastos y facturas, subvenciones, contratos, embargos de juzgados, así como información sobre intervenciones policiales (relativos a cuestiones sociales), entre otros», dijo el alcalde.

Ante la gravedad de los hechos, Bravo trasladó el pasado 4 de abril el mencionado documento técnico a la asesoría jurídica del ayuntamiento para su estudio y posterior presentación de la correspondiente denuncia ante la autoridad judicial. para exigir responsabilidades que procedan», indicó Emilio Bravo.