El «impuestazo» que supone el canon del agua

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, lamentó ayer que que el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, se dedique a «saquear a los ciudadanos con un nuevo impuestazo como es el canon del agua, contando con la complicidad de los alcaldes del PSOE». Un impuesto que, a su juicio, «se lleva a cabo por capricho y que se unirá a la galopante subida de precios en la región, la más inflacionista del país», y que va dirigido a los bolsillos de los vecinos de la región por «la dejadez del gobierno socialista que está ocupado en saquear a los ciudadanos».

tir del año 2067», cuando, asumiendo que los usos en la cuenca del Tajo fueran equivalentes a los actuales, habría también déficits para tales usos.

Por ello, teniendo en cuenta este horizonte, el informe de la Fundación Nueva Cultura del Agua plantea una serie de medidas a corto plazo, como la eliminación de los usos ilegales de agua, incluyendo perímetros irregulares de regadío e incrementar la aportación de recursos de la desalación marina para compensar la reducción de transferencias desde el Tajo, con ayudas económicas públicas dirigidas a mitigar el coste del agua desalada para los agricultores cuya rentabilidad pueda estar afectada de forma significativa por un incremento del coste del agua.

A medio y largo plazo, propone promover un cambio progresivo en los modelos productivos para facilitar una economía más diversificada en el territorio a diferentes escalas para alcanzar un mayor equilibrio entre las actividades primarias y otras actividades económicas que, con menor consumo de agua, presentan un mayor valor añadido, así como reequilibrar el peso de la agricultura de secano en relación con el peso del regadío.

Para ello, plantea apoyar cultivos y sistemas productivos que permitan mantener una actividad agraria ambientalmente sostenible, económicamente viable y socialmente justa sobre la base de un secano de alto valor añadido y de un regadío con cierta reducción en su superficie total pero de mayor valor, de forma que se promuevan los alimentos de calidad, la producción agroecológica y la reducción de la contaminación y otros impactos ambientales, al tiempo que se potencien los circuitos de proximidad y con apoyo especial a los pequeños agricultores.

«Mantener la ficción del ‘agua para todos’ o del ‘agua para siempre’ es, simplemente, un fraude, prosigue el estudio, que añade que el retraso en reconocer el nuevo contexto solo contribuye a agravar el choque con la realidad y a retrasar la construcción de una alternativa viable y duradera», por lo que alude a que «la necesidad de reducir la superficie de regadío es ya una necesidad constatable, en mayor o menor medida» en el conjunto de España».

El informe, de casi un centenar de páginas y que dedica un apartado exclusivo al trasvase Tajo-Segura en relación con los caudales ecológicos en el Tajo y con la cuenca receptora, recuerda que en 2023 se vivió un «nuevo capítulo del conflicto» del trasvase Tajo-Segura y cuyo detonante fue el establecimiento de un régimen de caudales ecológicos en el Tajo y el posible efecto de tales caudales sobre la transferencias del Tajo al Segura.

Caudales ecológicos

En este sentido, el informe señala que los caudales ecológicos son «una obligación recogida desde 2001 en la legislación española de aguas», pero que en el caso del Tajo «la definición e implementación de un régimen de caudales ecológicos se ha visto condicionada en todo momento por la existencia del trasvase Tajo-Segura». Tras recordar las cinco sentencias del Tribunal Supremo de 2019 que señalan que se deben establecer dichos caudales ecológicos en el Tajo, reconoce que el Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027 «hace un tímido avance» en este cumplimiento y fija dichos caudales ecológicos a partir de estudios científicotécnicos, aunque considera una «anomalía » que sea una implantación escalonada hasta 2027 en el tramo medio del río.