Piden a Junta que garantice el derecho al aborto en la sanidad pública

Ágora Feminista de Albacete y Amnistía Internacional Castilla-La Mancha han dirigido una carta a la consejera de Igualdad y al consejero de Sanidad, Sara Simón y Jesús Fernández, expresando una serie de preocupaciones y solicitudes de información sobre el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en Castilla-La Mancha, a la que se han adherido colectivos feministas como la Coordinadora 8M de Albacete, la Plataforma Feminista de Guadalajara, la Plataforma 8M de Toledo o Feministas de Pueblo, y organizaciones sindicales como Comisiones Obreras, UGT, Intersindical y CGT.

Las entidades recuerdan al Gobierno regional que, según los datos estadísticos que publicó el Ministerio de Sanidad sobre interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en 2022, en Castilla-La Mancha «tan solo hubo dos centros sanitarios, ambos privados, donde las mujeres de la región pudieron ejercer este derecho», al, por otro lado, que viene ocurriendo desde hace lustros en la región, como ha publicado ABC en diversas ocasiones.

Además, estas organizaciones señalan en nota de prensa que, aunque la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, reconoce el derecho a la objeción de conciencia, éste es individual y debe ser comunicado por escrito y de forma anticipada. Consideran que el aspecto de «individual» es muy importante ya que esto supone que no se puede objetar «por servicios».

Tal y como explicó recientemente el Gobierno autonómico que ocurría en el caso de una mujer que solicitó a la sanidad pública en Talavera de la Reina la interrupción de su embarazo por tratarse de un caso de riesgo debido a sus múltiples complicaciones de salud y fue derivada a una clínica madrileña a más de 170 kilómetros de su casa, ya que, según la Consejería de Igualdad, « actualmente existe objeción de conciencia en la totalidad de los servicios implicados del sistema sanitario público de CastillaLa Mancha». A este respecto, los colectivos firmantes de la carta solicitan información sobre las medidas que está llevando a cabo la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para garantizar este procedimiento en el ámbito geográfico de las usuarias del Sistema Nacional de Salud en las mejores condiciones de proximidad de su domicilio.

Registro de profesionales

Desde Amnistía Internacional explican que la reforma de la ley del aborto de 2023, en su artículo 19, establece que «a efectos organizativos y para una adecuada gestión de la prestación», las comunidades crearán un registro de profesionales sanitarios que decidan objetar por motivos de conciencia y que quienes se declaren objetores al aborto lo serán tanto en la sanidad pública como en la privada.

A día de hoy, «este registro no está implantado en Castilla-La Mancha», señalan, y recuerdan que, sin menoscabo del derecho a declararse objetor, la ley establece claramente que «el acceso o la calidad asistencial de la prestación no se verán afectados por el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia».