Félix Solís niega ante el juez que vendiesen más vino del declarado

Se le investiga, junto a García Carrión, por comercializar como crianza, reserva y gran reserva caldos que «no cumplían los requisitos»

Félix Solís Yáñez, presidente y consejero delegado de Félix Solís, negó ayer ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que su compañía vendiese una mayor cantidad de vino tinto del que declararon al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdepeñas. En su declaración como investigado, Solís aseguró, por tanto, que las irregularidades denunciadas por la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) en su informe son falsas.

Su declaración llega una semana después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 escuchase también como investigado al presidente y administrador único de García Carrión, José García-Carrión Jordán, que sostuvo que en su bodega «todo está en regla» y que los productos que distribuyen se corresponden con lo ofertado.

Estas declaraciones se enmarcan en la causa se sigue por delitos de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental. Cabe recordar que, en abril de 2021, el magistrado admitió a trámite mediante un auto una denuncia presentada por la Fiscalía para investigar si las bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Valdepeñas Félix Solís, García Carrión, Bodegas Navarro López y Bodegas Fernando Castro comercializaron como crianza, reserva y gran reserva vinos que «no cumplían los requisitos de elaboración, ni en periodo mínimo de envejecimiento, ni en la permanencia en barrica de roble ni en botella».

El magistrado acordó luego el sobreseimiento provisional de la causa para las bodegas Navarro López y Fernando Castro, dado que no se podía inferir que dichos investigados hubieran participado en una actividad ilícita.

Solís le dijo ayer al juez que «realiza adecuadamente las declaraciones de aptitud para todas las cantidades de vino producidas para su comercialización». «Estas cantidades comercializadas anualmente por nuestra compañía son siempre comunicadas debidamente a los organismos oficiales de control, cumpliendo con la normativa vigente», añadió.

Asimismo, insistió en que «durante sus más de 70 años de historia ha estado firmemente» comprometida «con el cumplimiento de los requisitos del pliego de condiciones de la denominación, que garantizan la alta calidad» de sus vinos. Y también «ha mantenido en todo momento su colaboración con la justicia durante la investigación».

Contra las certificadoras

Por otro lado, en su resolución, el magistrado acordaba, además, dirigir el procedimiento como personas jurídicas contra las entidades certificadoras Sohiscert y Liec Agroalimentaria al considerar que indiciariamente podrían haber actuado como cooperadores necesarios de los ilícitos penales investigados en la causa.

«Ello, por cuanto la emisión de certificados de aptitud a sabiendas de que los datos en aquellos contenidos no se ajustan a la realidad, constituirán una aportación necesaria para la ejecución de los delitos objeto de investigación», añadía.

// ABC Félix Solís Yáñez