ABC - Alfa y Omega Madrid

La Junta de Andalucía, de nuevo contra la educación diferencia­da

- F. O.

La Junta de Andalucía ha vuelto a la carga contra los colegios concertado­s que ofrecen educación diferencia­da a las familias a través de una resolución en la que se anuncia la retirada de los conciertos a este tipo de centros de forma paulatina. Lo ha hecho, además, pocos días después de asegurar que se iban a mantener estos conciertos en la reunión de la comisión provincial celebrada ad hoc el pasado 8 de febrero. En la comunidad autónoma hay 12 centros de estas caracterís­ticas.

«Se deduce que esta acción la tenían ya pensada, puesto que la consejera de Educación y la propia presidenta de la Junta habían dicho en varias ocasiones que “quien quiera educación diferencia­da se la pague”», señalan desde Altair, uno de los centros afectados, curiosamen­te situado en una zona obrera de Sevilla. «Los padres que traen a sus hijos a nuestro centro están en paro, son fontaneros, electricis­tas o limpiadora­s… Somos la única opción que tienen estas familias para elegir este tipo de educación. Desde la Junta tachan a la diferencia­da como elitista, pero nuestro caso les rompe todo el mensaje. De hecho, en nuestra zona es impensable un centro privado, estaría abocado al cierre», explica a Alfa y Omega Javier Delgado, director de Altair.

Pero no solo eso, porque en este caso, los resultados académicos son, además, mejores que los de los centros de su entorno. De hecho, el 95 % de los alumnos del centro, una obra educativa del Opus Dei, completa la educación secundaria frente al 50 % del resto.

Delgado está convencido de que ganarán la batalla a la Administra­ción andaluza como lo hicieron en 2012, pero cree que el revuelo que ha creado esta decisión les puede perjudicar a la hora de que los padres se decidan a formalizar las matrículas de cara al año que viene, y la Junta aproveche que tienen menos alumnos para retirarles líneas.

El director del centro sevillano recalca que la ley les ampara, pues «la Administra­ción no puede discrimina­r a las familias, alumnos y centros de educación diferencia­da».

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