AFE emprenderá acciones legales contra la RFEF por la grabación
■ AFE ha tomado cartas en el asunto después de comprobar cómo se han filtrado varias conversaciones de la última reunión de la Comisión de Seguimiento del pasado martes. A David Aganzo, su presidente, le ha sentado como un tiro el hecho de que se haya puesto en duda su papel en esta crisis con un movimiento que, el sindicato considera, tiene que ver más con la intención de querer enfrentarle a los futbolistas como estrategia electoralista. Por eso AFE, según adelantó AS, envió ayer mismo una carta de reprobación al presidente de la RFEF, Luis Rubiales, al secretario general, Andreu Camps, y a los servicios jurídicos federativos, con copia a los demás integrantes de la reunión, en la que más allá de LaLiga (participó Carlos del Campo y no Tebas) también había miembros de las competiciones de fútbol sala, fútbol playa y fútbol femenino.
En esa misiva, AFE expone que se ha cometido una ilegalidad en el uso a terceros de una reunión sin orden del día, privada, y que no se mantuvo bajo ningún órgano colegiado de la RFEF, sino que se trataba de “una reunión de buena fe” entre operadores del futbol. AFE confirma que no se dio expresa conformidad para grabar la reunión, de acuerdo a la ley de protección de datos, por lo que entiende que es una cuestión lo sumamente grave como para denunciar. Los servicios jurídicos de LaLiga estudian hacer lo mismo.
Varias fuentes consultadas por este diario aseguran que ninguno de los tres miembros de AFE que participaron en la polémica cumbre, David Aganzo, Diego Rivas y María José López, fueron avisados de que se grababa. Algo que la RFEF niega. Desde AFE aseguran que la grabación se hizo sin consentimiento expreso. De hecho, la codirectora de los servicios jurídicos del sindicato ni siquiera se pudo conectar adecuadamente al inicio de la videoconferencia, y así se puso de manifiesto, pero esos audios no han trascendido. AFE entiende que esta forma de actuar es una “intromisión a la intimidad de la asociación como persona jurídica” y que puede atentar contra el artículo 197 del Código Penal al incumplir la ley de protección de datos, cuya vulneración podrían ocasionar hasta penas de cárcel.