Coordinación administrativa
En la Ley será clave la planificación Estado-Comunidades
C onsecuencia del claro sentir mayoritario del sector, nadie parece discrepar ya sobre la necesidad de un nuevo marco jurídico para el deporte español. Un nuevo marco que comience y pivote sobre una nueva Ley en la que asentar el crecimiento de nuestro sistema deportivo, un sistema que pese a sus déficits ha sido y es exitoso, y debe identificarse desde luego también como producto de la norma que ahora se pretende superar.
La del 90 fue una buena ley para nuestro deporte, y no parece necesario abordar ninguna revolución que desmorone los cimientos que fijó, y que han hecho que este país de 47 millones de habitantes haya alcanzado en las últimas décadas, y continúe haciéndolo, resultados en el primer orden internacional. España ha logrado una riquísima realidad polideportiva que, en muchos casos, transciende además de lo meramente competitivo. Nuestras Selecciones, deportistas y clubes, o los eventos celebrados en este país, son un influyente elemento que nos visibiliza y posiciona internacionalmente, mostrando la mejor cara de la España del siglo XXI. El deporte es un elemento universal por encima de diferencias socioculturales o lingüísticas, y el deporte español refuerza y respalda nuestra posición como país en otros lugares del planeta.
Es para garantía de esta realidad para la que se debe plantear una nueva norma que, a mi juicio, deberá comenzar por dotar al sistema de una mejor y mayor planificación y coordinación desde las propias Administraciones públicas. Siempre desde el evidente respeto competencial y de los principios que rigen las relaciones interadministrativas, el
Estado debiera de asumir una función de programación y dirección de objetivos comunes que permitan al conjunto del deporte español seguir desarrollándose, teniendo en cuenta además la propia naturaleza específica y complejidad del hecho deportivo, así como también la característica autonomía de las entidades que conforman su estructura.
Del mismo modo, y en cuanto a estas mismas entidades, cabría avanzar también en una más adecuada definición y regulación de sus funciones y competencias, así como en la de los estándares de gobernanza, control y gestión, incluida evidentemente la financiera, que salvaguarde no solo ya los intereses del sistema deportivo y de quienes lo conforman, sino la propia esencia del deporte y su consideración en valores por el conjunto de la ciudadanía.
Del mismo modo, habría de identificarse como pilar de la nueva norma la protección integral y el acompañamiento continuado del deportista, donde se garantice su preparación y dedicación, y se protejan sus derechos, de muy distinta índole y naturaleza, frente a prácticas abusivas. La salvaguardia del menor, la igualdad de género, el deporte para personas con discapacidad o el deporte inclusivo serían asimismo parte principal de esta final garantía en la protección de los derechos de todos y de cada uno de los deportistas. Y, cómo no, la financiación. Una financiación pública eficaz, unos incentivos reales y efectivos a la participación privada y unos mecanismos de solidaridad financiera cabrían ser enumerados como posibles puntales para el sostenimiento a largo plazo del sistema en todos y cada uno de sus niveles, y siempre en igualdad de condiciones.
Profesionales. Junto a ello, la justicia deportiva, la ordenación del ejercicio de los profesionales del deporte, el deporte profesional, la competición deportiva y la actividad física… son considerables las materias que cabrá abordar, ya no sólo en la próxima Ley del
Deporte español, sino en el nuevo marco regulatorio que a partir de ella se procure construir para nuestro sistema deportivo. Un nuevo marco que pretendemos esté pegado a su especificad, a su compleja y rica realidad y omnicomprensivo de sus múltiples efectos sobre la sociedad.
Incentivos
“Reales y efectivos
a la participación
privada...”