Luz verde al protocolo
CSD, comunidades, federaciones y COE pactan un principio de acuerdo para el deporte no profesional
La nota del Consejo Superior de Deportes (CSD) por la que el martes comunicó su renuncia a cerrar un protocolo único de nivel nacional para el retorno del deporte no profesional (especialmente de las ligas), pactado con comunidades y federaciones, generó un incendio en el deporte que durante el día de ayer desencadenó una maratón de reuniones para apagarlo.
Acabó hacia las 22:00 con un principio de acuerdo que se basa en “incorporar el criterio sanitario” respecto a las pruebas de detección de COVID-19 (todo apunta a que el tema se tratará en el Consejo Interterritorial de Salud). Y en “recomendar” desde el CSD, pero no exigir, un aforo máximo de 500 personas en pabellones y 1.000 al aire libre, reconociendo que cada región es competente en la materia. “El resultado ofrece seguridad al deporte”, expresaron las partes.
Por la mañana, hubo cita de las federaciones de deportes de equipo con la secretaria de Estado, Irene Lozano. Por la tarde, del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, con 51 federaciones y José Manuel Rodríguez Uribes, en la que no estuvo Lozano (extrañamente y a pesar de llevar el peso de la negociación) y en la que el ministro de Cultura y Deporte conoció el malestar de los directivos que le instaron a establecer “unos mínimos de seguridad” en todo el territorio y le advirtieron de que el sector “morirá” si no arranca pronto. Uribes llamó a todos “a ser capaces de encontrar esas normas comunes”. Blanco también se vio con 13 representantes de las autonomías, algo que no sentó bien en el CSD.
Una hora después, se inició otro cónclave entre Lozano, comunidades, municipios, federaciones, COE, CPE, ADESP y organizadores para deshacer el nudo, lo que se logró con la propuesta de sacar adelante el protocolo con la salvedad de las pruebas PCR, tema que se deriva a instancias sanitarias. Por tanto, queda sin rematar, lo que puede acarrear problemas.
El martes, cuatro comunidades (Galicia, Valencia, Murcia y País Vasco) bloquearon un pacto que estaba avanzado. De fondo, el dinero para financiar esos test PCR (el CSD ya aceptaba que fueran solo serológicos para abaratar los costes) 72 horas de iniciar las competiciones (no cada jornada) y algunos aleatorios. Varias comunidades se negaron a aportar dinero para ello, otras opusieron que dañaría la economía de los clubes y alguna que eso significaría realizar cribados en un sector, el deportivo, y sería discriminatorio para otros. Un estallido que provocó el movimiento de todas las partes para alcanzar por fin un principio de acuerdo.
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La decisión final se deriva a Sanidad y las consejerías