Cristiano pudo defraudar ocho millones de euros
Hay dudas de si hay delito o no
Cristiano Ronaldo pudo defraudar ocho millones de euros procedentes de sus derechos de imagen a la Agencia Tributaria entre los años 2011 y 2014, según la investigación fiscal a la que tuvo acceso la Cadena SER. El expediente está en poder de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, órgano que debe decidir si actúa o no contra el jugador. No hay unanimidad entre los inspec- tores sobre si hay que abrir un procedimiento penal o simplemente administrativo.
Cristiano tenía su dinero en las Islas Vírgenes, pero en 2014 decidió regularizar su situación antes de que se iniciara ninguna investigación. En su momento, Cristiano pagó a Hacienda cerca seis millones de euros, imputándolos al ejercicio fiscal de 2014.
Las dudas entre los inspectores radican en si actuó correctamente imputándolo todo en un año fiscal o si debió haber presentado una declaración complementaria en cada uno de los ejercicios en que tributó inadecuadamente. Hay inspectores que no aprecian delito y creen que el caso podría resolverse por la vía administrativa, porque Cristiano ha imputado a su regularización de 2014 el dinero supuestamente defraudado en los ejercicios prescritos de 2009 y 2010. Eso significa que pagó más de los que en pura ley le correspondía. Este grupo de inspectores señala que el jugador colaboró con la Agencia Tributaria al punto de presentar todos los contratos que justifican sus ingresos.
Los inspectores que aprecian delito fiscal entienden que Cristiano hizo pasar como derechos de imagen primas o cánones. Por los primeros se tributa un 20%, por los segundos, el 43% si fueron firmados a partir del 1 de enero de 2010. Sin embargo, otros inspectores creen que esta discrepancia debería ser tratada como infracción administrativa. La Fiscalía decidirá si es así, lo que zanjaría el caso con el pago de los ocho millones reclamados y la multa correspondiente, o si denuncia a Cristiano por fraude fiscal, lo que podría conllevar penas de prisión.
Fiscalía Debe decidir si denuncia por delito o por infracción administrativa