Sanciones ejemplares N
o caminar por la calle sin cumplir las necesidades básicas impuestas por el Real Decreto del Gobierno, que declaró el estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus, es una cuestión de civismo y solidaridad. Y, además, conlleva multas económicas que oscilan entre 100 y 600.000 euros y, en función de la gravedad, incluso podría implicar un año de cárcel. Sanciones ejemplares para un Real Decreto que remite al régimen sancionador dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, que regula los estados de alarma, excepción y sitio. El presidente Pedro Sánchez comunicó las medidas a sus homólogos autonómicos por teleconferencia.
Policía Nacional y Local, Guardia Civil y las policías autonómicas ya establecieron ayer puntos de control fijos y móviles por las ciudades. A ciclistas de Cataluña se les aplicaron las primeras multas y en
Madrid se dieron advertencias, se cerraron fiestas en Granada, más de 200 locales de noche en
Barcelona, en Bilbao llegó el primer detenido... Coches patrulla circulaban con un mensaje: “Sigan en casa”.
El criterio para las sanciones es la “proporcionalidad”. Si no sucede nada raro, lo normal es indicar al transeúnte que se vaya a casa. Si hay negativa o resistencia, la ley entrará en acción…
En el tramo más bajo de multas, de 100 a 600 euros, se sancionan comportamientos como “las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de los cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones”, o mover “vallas, encintados [como los que se han puesto en los parques] u otros elementos fijos o móviles colocados para delimitar perímetros de seguridad”. En caso de que haya resistencia o desobediencia a la autoridad, o negativa a identificarse, la multa podría estar entre 601 y 30.000 euros.
Las infracciones más graves, desde 3.001 a 60.000, son las que pueden producir un riesgo grave para la salud de la población. Si ese riesgo es considerado muy grave se podría sancionar entre 60.001 y 600.000 euros. Del mismo rango serán las multas por incumplimiento de órdenes y prohibiciones que pongan en riesgo la seguridad. La pena de cárcel, de tres meses a un año, llegaría si se desobecede gravemente a la autoridad. ❖