LAS CLAVES DEL CONFLICTO POR LA LEY DEL DEPORTE

Leyes contra la Superliga. Una de las principales pretensiones de Tebas y los clubes era tener el respaldo del Gobierno y de lo partidos políticos para proteger a LaLiga de la Superliga. Aseguran que solicitaban medidas similares a las pactadas entre la Premier y el gobierno británico. La intención era establecer que los clubes participantes en competiciones no reconocidas por instituciones como la RFEF, UEFA y FIFA no puedan a su vez participar en Primera. El Gobierno no quiere valorarlo hasta que se aclare en la justicia europea.

Derechos audiovisuales y de explotación. Se pretendía que la nueva Ley reconociese la potestad de LaLiga en la comercialización de los derechos de TV, que fue autorizado en un Real Decreto Ley en 2015. El objetivo era dar mayor claridad a la potestad de la patronal en desarrollar actividades económicas complementarias. LaLiga entiende que, si esta enmienda no se incluye, se crea una inseguridad jurídica que pone en peligro los contratos y el acuerdo con CVC. Esto último todavía está en los tribunales, aunque las medidas cautelares solicitadas por Madrid, Barça y Athletic fueron desestimadas.

Poder de la Federación. Los clubes piden mantener una exigencia a las Federaciones que sería retirada con la nueva redacción. Consiste en que cada vez que la RFEF haga un cambio estatutario que afecte a LaLiga, se requiera un informe previo y favorable de los clubes para que el CSD dé el visto bueno. La retirada de este artículo preocupa por la falta de entendimiento entre Tebas y Rubiales.

Poder sancionador de Tebas. De aprobarse la modificación, Tebas tendría capacidad legal para sancionar a los presidentes de los clubes como parte de sus atribuciones. El Gobierno considera esta enmienda “inadmisible”.