Un comité de expertos sancionará el dopaje
El órgano independiente releva al director de la CELAD
Tansparencia e independencia. Esos dos preceptos, exigencias de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), guiaron la redacción de la última Ley Antidopaje española, que vio la luz en diciembre de 2021. Un texto que traía consigo la creación de un Comité Sancionador compuesto por siete expertos sobre el que recaería la responsabilidad de castigar a los tramposos. Prerrogativa que fue pasando de las federaciones (con escándalos sonados) al director de la Agencia Antidopaje, ahora CELAD.
El traspaso de responsabilidad ha culminado poniendo nombre a esas siete personas, que comenzarán pronto a revisar las infracciones. José Luis Terreros, presidente de la CELAD, fue el encargado de nombrarlos y así lo anunció en un Desayunos de Europa Press.
El presidente será Rafael Caballero, catedrático de Derecho Administrativo. Y estará auxiliado por Ana María Álvarez, letrada de las Cortes Generales; Miguel del Valle, presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte; Pedro Díaz, profesor de Toxicología y Farmacología; otros dos catedráticos de Administrativo como Fernando González y Marta Lora-Tamayo y Silvia Irene Verdugo, exluchadora de taekwondo, entrenadora, árbitro y profesora de Derecho Penal.
“Desempeñarán sus funciones con plena independencia, no pudiendo recibir órdenes de ningún otro órgano o autoridad”, cuenta Terreros. Su mandato es por cuatro años, sus sanciones tendrán un recurso especial ante el mismo Comité y serán entonces inmediatamente ejecutivas. Pondrán fin a la vía administrativa pudiendo ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Para evitar conflictos de intereses y suspicacias, los miembros del Comité no podían pertenecer, en los dos años previos a su designación, a órganos de gobierno de las federaciones, ligas profesionales o clubes. Ni tampoco haber asesorado a estos organismos o a deportistas.
La CELAD seguirá siendo parte activa en las investigaciones de dopaje a través de su Unidad de Inteligencia, en la que están integradas Policía y Guardia Civil. Y trazará los planes de controles, pero no resolverá las sanciones.