El pacto con Lopera y Oliver, aún en ‘stand by’

■ Manuel Ruiz de Lopera retomó esta semana el juicio penal en el que se le acusa de “apropiación indebida” pero en el que la Fiscalía ha pasado de pedir para él más de tres millones de euros de multa y tres años de cárcel a apenas seis meses, conmutables por unos nimios, en comparación, 3.600 euros. La Fiscalía se fundamenta en el acuerdo que firmaron en julio Lopera, el gobierno actual del club, dos plataformas demandantes (Liga de Juristas y Por Nuestro Betis) y Luis Oliver, que también reclama la titularidad del paquete mayoritario del 51 por ciento. El 31,38 por ciento de esas acciones sigue suspendido cautelarmente en el Juzgado Mercantil y los firmantes del pacto solicitaron al juez Javier Carretero que “termine el procedimiento y levante las medidas cautelares”. Pero Carretero ya ha comunicado que no puede hacerlo sin que todos den su consentimiento. Entre esos firmantes se encuentran miembros de Béticos por el Villamarín, plataforma que no se adhirió al acuerdo en julio y que este lunes incluso solicitó formalmente su suspensión. Si BXV no se retira del pleito Mercantil (y no lo hará, según fuentes de la plataforma a este periódico) habrá que esperar a que el juez Carretero dicte sentencia. También cabe la posibilidad de que Lopera reconozca que no pagó aquel 31,38 por ciento de esas acciones en 1992, es decir, en términos jurídicos, “se allane”. Eso significaría reconocer un delito y, consecuentemente, que ha gobernado el club verdiblanco durante más de 18 años sin tener la mayoría accionarial.