El Gobierno apoyó el aplazamiento
■ Miembros del Gobierno de España intervinieron en el conflicto por la fecha del Clásico y se mostraron partidarios del aplazamiento. Las fuentes consultadas por este periódico confirmaron que altas instancias del Gobierno le hicieron llegar a los dirigentes de la Federación su deseo de que el Clásico, en las actuales circunstancias, no se dispute hasta después de las elecciones generales, previstas para el 10 de noviembre. La decisión tomada en este sentido por el Comité de Competición cumple con los deseos del Gobierno, que temía que los independentistas aprovecharan el Barça-Real Madrid para dar una imagen de conflicto en España semanas antes de los comicios.
Pero aún no está dicha la última palabra. Porque más allá de los deseos del Gobierno, coincidentes con la decisión de Competición, la situación aún puede dar un giro.
Contra la resolución de Competición cabe recurso ante el Comité de Apelación. Y el Barça, sospechan en la Federación, tiene previsto recurrir este lunes la decisión de Competición. Para ello, el club azulgrana, que insiste en jugar en la fecha prevista, el sábado de la próxima semana, presentará en la RFEF un informe de la Policía Autonómica de Cataluña en el que se garantiza la seguridad. El Barça ha solicitado ese informe en base a las declaraciones de Toni Castejón, representante sindical de los Mossos, en la SER: "Creo que a día de hoy se puede garantizar la seguridad del Barcelona-Real Madrid... Mi opinión es que se debe jugar el partido, los violentos no deben parar más cosas de las que ya paran en este país". Pero frente a este argumento, en la Federación ya tienen un antídoto. Según ha podido confirmar este periódico, la seguridad no sólo debe quedar garantizada por la Policía Autonómica, sino también por la Delegación del Gobierno en Barcelona. La seguridad dentro del estadio sería en todo caso responsabilidad del Fútbol Club Barcelona, mientras que fuera del Camp Nou lo sería de los Mossos y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El Barça garantizaría la seguridad en el recinto y los Mossos en las calles. Pero la Delegación de Gobierno se opondría por riesgos de orden público.