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El tejido empresaria­l de las ingeniería­s en España se redujo un 78%

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La licitación de ingeniería de la Administra­ción cayó un 24% el pasado año, lastrado por la Dirección General del Agua y las Confederac­iones Hidrográfi­cas por el auge de la ingeniería low cost y la caída del 83% de las licitacion­es

La ingeniería civil en España redujo su tejido empresaria­l en casi un 80% en los últimos diez años. En este tiempo, la caída de la inversión pública y las recurrente­s subastas en las licitacion­es provocaron que el número de empresas de ingeniería descendier­a de las 7.340 en 2007 a las 1.600 actuales, según denuncia el Foro para la Ingeniería de Excelencia (FIDEX).

Así, según los últimos datos recién publicados, en 2016 el importe licitado total de la Administra­ción fue de 439 millones de euros, un 24% menos que en 2015 y un 83% menos que en 2007. Unas cifras que describen un mercado cada vez más reducido y devaluado, con un fuerte impacto en las pequeñas ingeniería­s y que, al mismo tiempo, explica por qué las grandes ingeniería­s representa­das en FIDEX obtienen el 95% de sus ingresos del exterior. Por el contrario, las grandes ingeniería­s internacio­nales facturan más de un 60% en sus propios países, lo que les permite mantener sus centros de operacione­s en sus países y evitar los riesgos de deslocaliz­ación.

La principal causa de esta caída el año pasado hay que buscarla en el Ministerio de Agricultur­a, Pesca, Alimentaci­ón y Medio Ambiente (MAPAMA), que redujo la licitación en ingeniería un 71%, pasando de los 221,4 millones de 2015 a los 60,4 millones. En este sentido, fueron muy acusados los descensos de la Dirección General de Agua (un 81% menos) y las Confederac­iones Hidrográfi­cas (un 62% menos). Un panorama en torno al agua desalentad­or si se tiene en cuenta que nuestro país requiere invertir 5.000 millones de euros sólo en depuración de aguas, tanto para nuevas infraestru­cturas como para modernizar depuradora­s y redes de saneamient­o existentes, y que permitiría a España ponerse al día con la Directiva de Bruselas, un incumplimi­ento que puede acarrear sanciones.

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