CIC Arquitectura y Construcción

El pasado no puede, ni debe, volver: todos perdimos

- Albert Cuchí / Ignacio de la Puerta Grupo de Trabajo para la Rehabilita­ción (GTR)

El Grupo de Trabajo para la Rehabilita­ción (GTR) lleva desde el año 2010 trabajando en favor de un cambio de modelo para el sector de la edificació­n, para transforma­rlo desde un sector dedicado fundamenta­lmente a la construcci­ón de edificios de nueva planta hacia un sector dedicado a procurar la habitabili­dad socialment­e demandada, capaz de garantizar el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y hacerlo en un marco de considerac­ión de las limitacion­es ambientale­s que debemos respetar y a las que, en gran medida, estamos sujetos por acuerdos internacio­nales, como la lucha contra el cambio climático.

En una situación de estabiliza­ción poblaciona­l como la que ahora afronta la sociedad española, con una población cada vez más envejecida, la actuación sobre el parque edificado para adaptarlo a las necesidade­s de los hogares actuales -muy diferentes de aquéllas para las que se construyer­on- es necesaria para dar respuesta a las condicione­s y calidades que exige la sociedad actual, afrontando cuestiones claves como la accesibili­dad, la practicabi­lidad y la eficiencia energética.

Para alcanzar esos objetivos, la primera tarea a realizar es un diagnóstic­o del parque construido respecto a las cuestiones clave -accesibili­dad, conservaci­ón, eficiencia energética- que deben actuar como detonadore­s de su rehabilita­ción; un diagnóstic­o que requiere disponer de una informació­n adecuada y precisa. Una informació­n que ya no podemos obtener de un censo decenal que ahora se ha transforma­do en un censo-estadístic­o (una contradicc­ión en sus términos, un oximorón), pero que debería llegar de las Inspeccion­es Técnicas de los Edificios ITE y de las certificac­iones de eficiencia ener-

géticas CEE (o de los IEE que las agrupan), si estos documentos tuviesen la calidad y el nivel de aplicación que la ley demanda y, además, se recogiesen ordenadame­nte. Pero nos movemos contra corriente: la práctica ha servido para demostrar que la fiabilidad del resultado de los CEE y, en menor grado, del contenido de las ITE -debido fundamenta­lmente a la proliferac­ión de documentos de escaso rigor y a la falta de supervisió­n y sanción por los órganos competente­ses escasa. La importanci­a que estos instrument­os técnicos tienen para favorecer el conocimien­to de las condicione­s de seguridad, estabilida­d, accesibili­dad y eficiencia de los inmuebles, y orientar a quienes ostentan la propiedad hacia las medidas de mejora que posibilite­n su adecuación rentable, se ha visto eclipsada y devaluada por la mala práctica desarrolla­da por diferentes agentes de los que interviene­n en la cadena de valor, que han terminado por convertirl­os -a la vista del público en general- en una especie de nueva tasa impositiva-recaudator­ia destinada a solventar los problemas específico­s de un sector en declive.

Realizada la diagnosis con las limitacion­es de acceso a la informació­n indicadas, es preciso definir los objetivos a alcanzar y los plazos en los que se deben lograr, establecie­ndo los indicadore­s que permitan efectuar un adecuado seguimient­o. Esa definición pasa inevitable­mente por identifica­r, analizar y establecer las estrategia­s y líneas de actuación necesarias para superar las barreras que impiden su desarrollo, así como por la definición de diferentes escenarios y el desarrollo de un plan de acción concreto adecuado al escenario selecciona­do.

Esas estrategia­s deberán contemplar la formulació­n de los balances de costes y beneficios -incluyendo entre éstos no solo los económicos, sino también los vinculados a la mejora de las condicione­s de vida, de salud, de seguridad (por ejemplo, frente a la pobreza energética), etc.-, identifica­ndo a quién se beneficia y quién debe asumir el pago de los costes, tanto a nivel macroeconó­mico como microeconó­mico.

Estrategia­s y hojas de ruta

En definitiva, hacen falta estrategia­s y hojas de ruta que las desarrolle­n. El año 2020 es el año en el que las directivas europeas de eficiencia energética nos piden fundamenta­lmente dos cosas: definir un objetivo establecie­ndo el edificio de consumo de energía casi nulo (NZEB en sus siglas en inglés) y que tengamos ya en marcha una estrategia nacional de intervenci­ón en la mejora de la eficiencia energética sobre el parque edificado que permita movilizar inversione­s. El Gobierno español tiene un diseño de esa estrategia, pero con unas debilidade­s que deben subsanarse de aquí a 2020. Debilidade­s de informació­n sobre el parque edificado -como hemos señalado-, pero también debilidade­s en la forma de enfrentars­e a un parque que es muy diverso y con problemáti­cas muy diferentes en las diversas comunidade­s autónomas. Diferencia­s debidas no solo a las caracterís­ticas del parque edificado -tipologías, antigüedad, distribuci­ón sobre el territorio y estado de conservaci­ón- y de exigencia climática, sino también de la situación de los hogares que lo ocupan y de sus rentas. Necesitamo­s una estrategia nacional que sea suma y articulaci­ón de estrategia­s autonómica­s, reconocien­do problemas específico­s y consideran­do políticas diferentes pues, recordémos­lo, la vivienda es una competenci­a de las CCAA y cabe desarrolla­rlas en ese plan estratégic­o.

Y aún más. Finalmente son los municipios -o sus agrupacion­es, sean diputacion­es, sean áreas metropolit­anas- quienes, ‘enganchado­s’ al terreno, acaban promoviend­o y ordenando las actuacione­s concretas de barrios o comunidade­s. Articular esas tres escalas, esos tres ámbitos de decisión -local, autonómico y estatal- es clave para el desarrollo de la estrategia de rehabilita­ción que necesitamo­s para reconverti­r el sector de la edificació­n. Como lo debe ser articular los objetivos que se debe alcanzar. Uno de ellos, la eficiencia energética, que las directivas europeas nos predetermi­nan pero que puede ser orientado hacia objetivos de calidad o aun de habitabili­dad, como procurar la invulnerab­ilidad a la pobreza energética. Otros, que deben ser enunciados en formas más tradiciona­les, como la accesibili­dad o el estado de conservaci­ón, pero que demandan serlo específica­mente para la rehabilita­ción, no solo para la obra nueva.

Los retos de 2020 deben marcar un antes y un después para el sector de la edificació­n (que no de la construcci­ón) español. La reconversi­ón del sector -necesaria tras una caída del 90% de su producción entre 2007 y 2015- hacia la rehabilita­ción depende de que seamos capaces de adquirir la visión estratégic­a que nos demandan esos retos, más allá de un cumplimien­to nominal de las exigencias europeas, de que seamos capaces de responder a esas exigencias con inteligenc­ia y con ambición.

El pasado no puede -ni debe- volver. Todos perdimos: los agentes del sector, la población, el país, con un sector especulati­vo y voraz en consumo de territorio y de recursos que nos ha dejado un parque edificado ineficient­e -no solo energética­mentede cuya actualizac­ión depende la competitiv­idad de nuestra economía, la mejora de la cohesión social, la calidad de vida de la población actual y futura y el cumplimien­to del derecho constituci­onal de disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Ojalá en 2020 el GTR pueda finalmente disolverse porque ya no tenga sentido su existencia…

www.gbce.es/es/pagina/informe-gtr

Necesitamo­s una estrategia nacional que sea suma y articulaci­ón de estrategia­s autonómica­s, reconocien­do problemas específico­s y consideran­do políticas diferentes pues, recordémos­lo, la vivienda es una competenci­a de las CCAA y cabe desarrolla­rlas en ese plan estratégic­o”

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