CIC Arquitectura y Construcción
Infraestructuras prioritarias: una necesidad, un compromiso
Tenemos el ineludible reto de garantizar la competitividad y bienestar social de nuestro país. Un objetivo para el cual es imprescindible un decidido compromiso con las infraestructuras que nuestro país necesita. En estos momentos, estamos a la cola de la Unión Europea y continuamos invirtiendo apenas el 40% de la media de las cuatro mayores economías europeas. En el ámbito global, las mayores potencias siguen apostando por la inversión pública: siete de las diez economías más desarrolladas del mundo figuran entre los diez países que más están invirtiendo en infraestructuras. España no se puede permitir eludir esta responsabilidad. Y para ello, debe fijar previamente sus prioridades de inversión.
Llevamos tres planes de infraestructuras en 12 años que no han servido para fijar las prioridades de inversión en nuestro país, con lo que se hace necesario alcanzar un pacto de Estado en esta materia que, ajeno al ciclo electoral, fije nuestras prioridades en infraestructuras y garantice su realización. A finales de 2015, junto a la consultora internacional A.T. Kearney, Seopan identificó ocho áreas de inversión prioritarias en España, destacando entre otras: las infraestructuras de transporte y movilidad urbana, las infraestructuras del ciclo integral del agua y las infraestructuras de medio ambiente de tratamiento de residuos. Todas ellas con un alto calado social.
Más de 800 actuaciones prioritarias
A partir de estas conclusiones, junto con la ingeniería Sener hemos elaborado el estudio “Análisis de la inversión en infraestructuras prioritarias en España”, que contiene más de 800 actuaciones en las áreas de inversión reseñadas -transporte, agua, medio ambiente y movilidad urbana-, que supe-
ran los 100.000 millones de euros de inversión, y que pretende ser una muestra de necesidades a las que ineludiblemente debemos hacer frente en el corto y medio plazo.
Para las actuaciones del ciclo integral del agua y de medio ambiente, se ha seguido la necesidad de cumplimiento de la normativa estatal y europea y, para la priorización de las actuaciones de transporte, se ha realizado un análisis de rentabilidad socioeconómico y de análisis coste-beneficio de acuerdo al procedimiento establecido en la CE.
En lo relativo a la posible realización de las actuaciones propuestas, su selección se ha centrado en proyectos que se encuentran en planificación, o que lo han estado en el pasado, de forma que su ejecución sea realizable en el corto plazo.
Pero analizar las infraestructuras prioritarias carecería de sentido si omitimos un factor clave en la sostenibilidad de nuestras inversiones, como lo es su financiación. Por un lado, los recursos financieros de nuestro país, a pesar de la notable mejoría económica de los últimos años, son 20.000 millones de euros inferiores a los que teníamos en 2007. Y por otro, la prioridad del gasto público en materia de protección social, salud y educación consume 50.000 millones de euros más de nuestro PIB que en 2007. Ambos factores han influido en que hoy destinemos a la inversión pública 31.000 millones de euros menos de nuestro PIB que en 2007.
Compromiso ineludible
Pero estos factores y la necesidad de reducir el déficit público no pueden servir de excusa para eludir nuestro compromiso con las infraestructuras que necesitamos: son posibles otras formas de financiación. Afrontar esta realidad económica requiere, por tanto, revisar nuestro modelo de financiación de infraestructuras y fomentar el modelo de concesión, que no altera la titularidad pública de nuestras infraestructuras. Un modelo que per- mite además anticipar y diferir en el tiempo nuestras inversiones minimizando la captación de recursos y su impacto en el déficit público y agrega, en un mismo agente, el proyecto, la construcción, la financiación y la operación y mantenimiento de la infraestructura, reduciendo el plazo medio de maduración de nuestras inversiones, que actualmente es de diez años.
Con la tramitación en estos momentos en el Congreso del Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, cuyo objetivo de acuerdo a la Directiva es potenciar la contratación pública para estimular el crecimiento económico y la competitividad, tenemos ante nosotros la oportunidad de crear un marco jurídico favorable que genere actividad y empleo, aportando una mayor transparencia, predictibilidad y seguridad jurídica al sistema y dar garantía para afrontar el futuro de nuestras infraestructuras y de nuestro modelo concesional.
Junto con la ingeniería Sener hemos elaborado el estudio “Análisis de la inversión en infraestructuras prioritarias en España”, que contiene más de 800 actuaciones en las áreas de inversión reseñadas -transporte, agua, medio ambiente y movilidad urbana-, que superan los 100.000 millones de euros de inversión, y que pretende ser una muestra de necesidades a las que ineludiblemente debemos hacer frente en el corto y medio plazo”
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