Sobre el ‘mercadeo’ de fluorados

“La carga fiscal que se aplica a estos gases hace que, en determinados casos, el importe del impuesto supere al del propio producto. Esta situación, difícil de comprender, está motivando que, en determinados casos, se esté generando un mercado paralelo al margen de la legalidad vigente con gas procedente de otros países de nuestro entorno en los que no se aplica el impuesto, y que se importa de manera ilícita”, denuncia Inmaculada Peiró, directora de la Asociación del Sector de las Instalaciones y la Energía (Agremia). En la misma línea se pronuncia la directora de la Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores (CNI), Blanca Gómez, quien afirma que el incremento de este tipo impositivo está provocando un “fraude de dimensiones increíbles” y lamenta que “los más perjudicados son las empresas instaladoras que trabajan dadas de alta en el CAF y cumplen la normativa. No solo tienen un gasto administrativo importante para cumplimentar los controles y registros precisos del impuesto, sino que además ven cómo sus clientes deben pagar más que otros usuarios que se benefician de precios más bajos en operaciones fraudulentas sin control administrativo alguno”.

Por eso, y tal y como explica Gómez, CNI ha propuesto a la Administración la realización de inspecciones para “detectar los fraudes obligando a declarar las operaciones al propietario usuario final. De esta forma puede hacer una trazabilidad del gas desde su origen hasta su destino final detectando posibles desajustes en la cantidad declarada”.

Esta realidad, unida al hecho de que el Reglamento europeo de Gases Fluorados está prohibiendo el uso

Uno de los cambios normativos que lleva revolucionando el sector en los últimos años es el referido a la actualización del tipo impositivo de los gases fluorados, que pasó del 66% al 100% en el año 2017. Tal y como nos explican voces profesionales del sector, el hecho de que sea un tipo impositivo tan alto está generando la aparición de un ‘mercado’ paralelo que importa el gas de otros países sin ningún tipo de control.

“El incremento del tipo impositivo

Está provocando un fraude de dimensiones increíbles y los más perjudicados son las Empresas

instaladoras que trabajan dadas de alta En El caf y cumplen la normativa”, lamentan desde la confederación nacional de instaladores y mantenedores (cni)

de gases con alto potencial de calentamiento atmosférico hace pensar a los profesionales del sector en una etapa de cambio, con la consiguiente incertidumbre. “La industria está embarcada en un proceso de sustitución de los gases refrigerantes tradicionales (…) por nuevos gases refrigerantes con un coeficiente potencial de calentamiento atmosférico inferior. Este proceso está plagado de incertidumbres, dado que los nuevos refrigerantes presentan también aspectos como su mayor grado de inflamabilidad, que dificultan su generalización”.

Por su parte, la directora general de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (Afec), Pilar Budí, califica esta situación de “preocupante” debido “al Phase Down (reducción gradual) derivado del Reglamento Europeo 517/2014, unido a la dificultad de utilizar refrigerantes con bajo PCA, como es el caso del R-32, debido a la legislación nacional (Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas). Esto, según la directora de Afec, “está incidiendo en el aumento de los precios de los HFCS que se utilizan habitualmente y puede llevar a dificultades en el abastecimiento”.

Por ello, el sector, tal y como explica Budí, ya “ha transmitido a la Administración la necesidad de modificar cuanto antes el mencionado Reglamento de Seguridad para las Instalaciones Frigoríficas, y se está trabajando en ello, pero esa modificación es una tarea ardua y tiene unos trámites burocráticos largos, por lo que aún quedan unos cuantos meses para que se publique el nuevo reglamento”.