La justicia condena a 131 controladores por la huelga de 2010
Abonarán, junto a Enaire, 13 millones a los afectados por el cierre del espacio aéreo por 20 horas Absuelto César Cabo, entonces portavoz del USCA
La titular del Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid ha condenado a 131 controladores aéreos a multas de entre 15.000 y 31.500 euros, así como al gestor aeroportuario Enaire (antes Aena) como responsable civil subsidiario, por abandono del servicio público durante la huelga de diciembre de 2010.
Absuelve, en cambio, a dos de los acusados por la fiscalía, uno de ellos el que fuera portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), César Cabo, que fue de los pocos que no pactó la sanción con el ministerio público.
El fallo, que contempla como atenuante las dilaciones indebidas que ha sufrido el proceso, también reconoce el abono de más de 13 millones de euros a los perjudicados por el cierre del espacio aéreo durante cerca de 20 horas, en concepto de responsabilidad civil. De dicha cantidad tendrán que hacerse cargo todos los condenados de forma conjunta y solidaria junto con la empresa pública Enaire, informa Efe.
La magistrada considera probado que los acusados “adoptaron un mecanismo de presión laboral consistente en abandonar sus puestos de trabajo de forma masiva, paralizando, de esta forma, el tráfico aéreo, y ello bajo la dirección de los miembros de la junta directiva y delegados sindicales del sindicato USCA”. Esa crisis provocó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero declarase por primera vez en España el estado de alarma durante 43 días. La sentencia recuerda que de los 133 controladores acusados, 119 reconocieron durante el juicio los hechos que recoge el escrito de la fiscalía, que sostenía que USCA planteó el modo de actuar para ejercer presión sobre Aena y el Gobierno en un conflicto que se remontaba a enero de ese año, durante las negociaciones del segundo convenio colectivo.
Tras acusarse mutuamente de negociar sin voluntad de acuerdo, en febrero el Gobierno aprobó un real decreto ley que devolvía a Aena la gestión y el control del tráfico, en manos de los controladores desde 1999.
“En una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal, presentaron ante el responsable de la sala dicho documento, escrito de su puño y letra, en el que alegaban una disminución significativa de sus capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto”, defendía la fiscalía.
La juez dedica una mención especial a las declaraciones de los testigos en la vista oral, en la que “relataron la secuencia de hechos que se produjo el puente de diciembre de 2010”.
Las multas van de los 15.000 a los 31.500 euros, tal y como se había pactado
Se presionó en la negociación del convenio con el abandono masivo de los puestos