La España vaciada precisa apoyo para gestionar el dinero de Europa
El enconado ambiente político no tiene solución a corto plazo, por lo que es mejor sustraerse de las peleas de patio de la Carrera de San Jerónimo y levantar la mirada para ponerse en un horizonte de un año, que es donde nos lleva el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este plan es la gran esperanza para España, es la carta a los Reyes Magos de un país, pero con la suerte de que es muy posible que lleguen los 140.000 millones, mitad a fondo perdido, mitad a devolver en cómodos plazos.
Merece la pena recordar que si no fuera por el respaldo de los países de la zona euro (Alemania y Francia, especialmente) y su principal instrumento, el Banco Central Europeo, así como por toda la UE, estaríamos viviendo una situación dramática, con millones de hogares sin ningún ingreso y con un Estado quebrado, que no puede rescatar a sus ciudadanos. Sin embargo, la vida diaria funciona con
cierta normalidad, gracias a los analgésicos y paliativos suministrados con el respaldo de Bruselas. Quizás esta apariencia sea la que permite a nuestros irresponsables políticos entretenerse restregándose sus miserias.
Basta recordar que en el pasado mes de mayo el Estado pagó más de 20 millones de nóminas mensuales. Vale que 12 millones son pensionistas y funcionarios, pero el resto eran parados con ayuda, trabajadores con ERTE y autónomos que accedían a prestaciones. ¿Hasta cuándo se puede sostener este nivel de gasto? El propio Gobierno cifra, en el plan de recuperación, en 100.000 millones las necesidades de endeudamiento adicional de España como consecuencia directa o indirecta de la pandemia. Esa deuda no se hubiera podido emitir, y menos a tipos tan bajos, sin el respaldo de Europa.
Seguramente no somos conscientes de la enorme suerte que tenemos de pertenecer a este fantástico club llamado Europa. Una desgracia como esta también ha caído en países de Latinoamérica, y la solidaridad de los vecinos brilla por su ausencia. Cada uno arrostra sus propias miserias. Jamás van a contar con un maná de dinero como el que se va a manejar aquí, que, si se hacen las cosas bien, servirá para resetear España.
España nunca ha manejado un presupuesto de inversión de ese tamaño y va a tener que desarrollar imaginación y capacidades de ejecución y gestión si no quiere perder fondos y asignarlos con el propósito, profundidad y dispersión geográfica que contempla el plan presentado hace una semana por el presidente del Gobierno. Lo fácil es entregar los fondos a las grandes empresas de construcción, energía y telecomunicaciones, puesto que sin duda son capaces de consumir los 140.000 millones. Una sola de las grandes eléctricas ya ha dicho que tiene planes concretos que podrían acaparar más de 15.000 millones.
Este plan, tal como está diseñado, es una bendición para la España despoblada, y el rol de las grandes empresas es determinante para los españoles que habitan en estas zonas rurales, puesto que de ellas dependen las infraestructuras digitales, la movilidad, la transición energética y el agua. Sin embargo, estas compañías nunca van a entrar en el menudeo que relata el propio plan, sus proyectos son de millones de euros.
La realidad de la España despoblada es la falta de capital económico y humano, de ahí su falta de desarrollo. La ayuda de Europa viene a resolver la falta de recursos económicos, pero seguimos sin tener las personas imprescindibles para generar las ideas concretas y pasar de las musas al teatro.
Es aquí donde las Administraciones regionales y, sobre todo, las locales tienen que echar el resto. Las diputaciones, tan denostadas por los partidos políticos urbanitas como Ciudadanos, pueden ser determinantes. En muchas provincias, las diputaciones son las gestoras de los servicios y los impuestos municipales, y conocen bien el territorio, puesto que sus órganos de gobierno están integrados por los propios alcaldes. La España vaciada está llena de ediles extraordinariamente generosos con su tiempo y bienintencionados como pocos, pero ellos saben mejor que nadie que no se puede pedir peras al olmo.
Un gran complemento de las diputaciones pueden ser empresas públicas como Tragsa, que pertenece a la SEPI, que cuenta con más de 17.000 empleados y su actividad encaja como anillo al dedo con el plan que hay que llevar a cabo. La misión de Tragsa es: “Poner a disposición de las Administraciones públicas soluciones eficientes que contribuyan a la gestión de sus necesidades en el ámbito medioambiental, de desarrollo rural, de gestión de recursos y procesos o mediante la adaptación y aplicación de la experiencia y conocimientos desarrollados en dichos ámbitos a otros sectores de la actividad administrativa, de un modo sostenible y seguro”.
Tragsa es seguramente la empresa pública donde se acumula más conocimiento sobre el mundo rural de España. Su consejo de administración está integrado por altos funcionarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y en su capital están, aunque sea de manera testimonial, todas las comunidades autónomas y 34 diputaciones, cabildos y consells insulares.
Precisamente, al presidente de Tragsa, Jesús Casas Grande, escuché hace un año en un congreso sobre la España vaciada la mejor defensa de nuestros pueblos. “La despoblación es una cuestión netamente política y estamos ante la última oportunidad de evitar que se pierda la parte rural de España, irreconocible ya para muchos jóvenes. Si la despoblación triunfa, estaremos en otro país, más insolidario y con más tensiones territoriales”. Entonces era el procés lanzado por el independentismo catalán el que tiraba de las costuras de la piel de toro. Ahora, con el Covid, llega el procés chulapo del Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Crece la insolidaridad interna en espera de que la generosidad externa resuelva nuestros problemas. Porca miseria.
España nunca ha manejado un presupuesto de inversión de ese tamaño y va a tener que desarrollar capacidades de ejecución y gestión