Iglesias presiona para incluir la regulación de precios del alquiler en los Presupuestos
Traslada a los inquilinos la voluntad del Gobierno por limitarlos Sobre la mesa está extender la ley catalana
El Gobierno de España comparte la necesidad de aprobar “de forma inminente” la regulación de los precios del alquiler en todo el país, aseguraron este viernes los portavoces de los Sindicatos de Inquilinos de Madrid y Barcelona, Javier Gil y Jaime Palomera, respectivamente, después de reunirse con el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. En el seno del Ejecutivo, de hecho, “hay voluntad de hacerlo cuanto antes, en las próximas semanas”, según les trasladó Iglesias.
La vicepresidencia segunda, explican fuentes del departamento, negocia para que el Gobierno active ya esta limitación, que daría facultades a las comunidades autónomas, competentes en vivienda, para establecer estas cotas. La medida, dicen, podría incluirse en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ultiman entre PSOE y Unidas Podemos.
La ley que permita a las comunidades autónomas limitar los precios en las zonas más tensionadas formaba parte del acuerdo programático que dio paso al Gobierno de coalición. Sin embargo, esta misma semana, el secretario general de Vivienda en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), David Lucas, enfrió en una entrevista con este diario la regulación de los precios a corto y medio plazo.
“El ministro Ábalos anunció en febrero el acuerdo para establecer esos mecanismos, pero desde entonces hasta ahora se ha producido una distorsión derivada de la crisis”, explicaba David Lucas. Así, para legislar en esta materia, antes hay que analizar la situación que deja el Covid-19. “El mercado ha cambiado, y hasta que no se estabilice no podemos tomar medidas, en el caso de que sean necesarias”, aseguraba.
De hecho, desde que a comienzos de verano presentó el índice de referencia de precios del alquiler –vital para cualquier posible regulación de rentas–, Mitma ha ido enfriando su uso para limitar el mercado.
Sin embargo, la urgencia que traslada la cartera de Iglesias se basa en las alzas que venían produciéndose desde hace años en los principales mercados residenciales del país, además de las consecuencias de la pandemia del coronavirus, que han agravado la crisis residencial. La vicepresidencia segunda “va a luchar para que la regulación se apruebe cuanto antes, aunque el Gobierno ya tiene esa voluntad. Sabemos que los precios se van a limitar”, dijeron Gil y Palomera.
Sobre la mesa está la posibilidad de extender al resto de autonomías varios puntos de la ley catalana que limita los precios en las 60 ciudades de la Generalitat más tensionadas. La idea del Ejecutivo, según trasladó Iglesias a los sindicatos, es legislar para que sean las propias regiones las que puedan establecer estos límites en las zonas que consideren oportunas.
El anuncio de la vicepresidencia segunda supone, en opinión de Beatriz Toribio, portavoz de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), un nuevo revés de incertidumbre regulatoria para el marcado. “Desde que entró en vigor la ley catalana muchos propietarios prefieren no alquiler la vivienda porque no saben a qué atenerse y cómo les va a afectar la regulación. El control de precios no es la solución, y que desde la vicepresidencia segunda se lance este mensaje no ayuda, porque lo que necesitamos realmente son medidas incentivadoras, así como aumentar la oferta”.
Los dos sindicatos de inquilinos más grandes del país, por su parte, entienden que es el momento de limitar las subidas abusivas en un contexto en el que las familias han perdido ingresos y estabilidad debido a la pandemia. Según les trasladó Iglesias, de nada serviría aprobar unas cuentas públicas sociales si no se ataja con ellas el problema de la vivienda.