El bloqueo parlamentario complica la farmacia comunitaria en Madrid
El plazo para las enmiendas ha sido pospuesto tres veces PSOE y Podemos se oponen a la ley y bastaría la abstención de Cs
Cada día se alarga más el trámite para dar luz verde a la nueva ley de farmacia de la Comunidad de Madrid, que abre la puerta a la farmacia comunitaria, es decir, otorga a estos profesionales competencias asistenciales, para las que hasta ahora solo estaban capacitados los profesionales de asistencia primaria (médicos y enfermeros). Desde que el Gobierno, presidido por el PP, aprobara el proyecto de ley a principios de septiembre, los partidos con representación en la Asamblea han pedido cuatro aplazamientos –uno de ellos no fue concedido– para la presentación de enmiendas. El último, solicitado por el PSOE esta semana, amplía hasta el dos de noviembre el plazo para entregar las enmiendas al articulado.
No obstante, la norma ya tiene varios obstáculos en el camino. El Grupo Socialista y Podemos han presentado dos enmiendas a la totalidad. “El Gobierno no acredita la necesidad de esta ley”, explica José Manuel Freire, portavoz de sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid. Además, subraya que no están de acuerdo con la atención a domicilio, pues la consideran “incompatible con una actividad comercial”, y recuerdan que ya existen profesionales que se ocupan de esta labor.
Si Cs se abstiene en la votación de las enmiendas de la izquierda en la Asamblea de Madrid, el proyecto de ley de farmacia no seguiría adelante. Sin embargo, esta formación aún no ha desvelado su postura. “El diputado Enrique Veloso está manteniendo reuniones con los diferentes actores del sector para escuchar todas las opiniones”, informan desde el partido. Por ello, PSOE y Podemos están trabajando en las enmiendas al articulado. Freire explica que han pedido un nuevo aplazamiento, entre otras razones, porque no han recibido el expediente del proyecto de ley al completo, al que le faltan las alegaciones realizadas y las contraargumentaciones del Gobierno.
Además del bloqueo parlamentario, el proyecto cuenta con la oposición de los enfermeros, que ven invadidas sus competencias. La normativa ayudará a las farmacias a aumentar sus ventas tras la disminución de sus ingresos por la crisis, pero los sanitarios subrayan que no hay que “olvidar que se trata de un negocio privado y no pueden indicar a los pacientes qué tomar”, apunta José Luis Cobos, asesor del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España.
Desde el sindicato de enfermería, Satse, van más allá y lo consideran una “privatización de la sanidad”. Aunque se desconoce cómo se financiaría, los proyectos piloto realizados en otras comunidades –Andalucía, Canarias, Murcia o la Comunidad Valenciana– apuntan a una aportación de los clientes, que podría estar complementada con los presupuestos autonómicos. “En cualquiera de los casos, vamos a pagar por algo que ya están haciendo enfermeros y médicos”, subraya Mar Rocha, portavoz de Satse.
“La farmacia es un establecimiento privado de interés público y está implicado en el sistema sanitario público”, recuerda Pedro Risque, vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Asimismo, Risque considera que la polémica que se ha generado es “estéril e innecesaria”, dado que en Andalucía los servicios asistenciales ya están recogidos en la ley de farmacia de 2007. Con respecto al coste económico para las autonomías, los farmacéuticos prefieren hablar del ahorro que supondría al sistema por la disminución de ingresos hospitalarios, problemas de salud o visitas a urgencias. Satse asegura, por el contrario, que solo hay “evidencia científica” de que son los servicios prestados por la atención primaria los que provocan dichos ahorros.
Independientemente del cruce de argumentos de los dos colectivos implicados, la pelota, está por ahora, en el tejado de los políticos. Y según el PSOE, al ritmo que avanza el proceso no va a haber tiempo para aprobar la norma, pues las elecciones autonómicas se celebran la próxima primavera.