Alud de críticas al Gobierno por el traslado de inmigrantes a una cárcel
Oenegés, sindicatos, el Defensor y la Junta avisan de que la ley impide tenerlos en régimen penitenciario Los jueces aceptaron la propuesta de Interior de Archidona sin saber que se trataba de una prisión
Oenegés, sindicatos, el Defensor del Pueblo, la Junta de Andalucía... La decisión del Gobierno de ubicar en la cárcel de Archidona (Málaga), aún sin funcionar, a la mayoría de los 519 inmigrantes llegados en la última semana a Murcia ha enervado a todos ellos, dado que la ley de extranjería señala expresamente la imposibilidad de aplicar régimen carcelario a los migrantes. Interior defiende su propuesta porque «el sistema ha colapsado». «En lugar de campamentos que pudiéramos montar hemos optado por que esas personas estén en un sitio con calefacción y duchas», explicó el ministro Juan Ignacio Zoido.
La medida, que tiene carácter temporal, parte de siete juzgados de Murcia. La provincia quedó completamente saturada el pasado fin de semana, después de que arribaran a sus costas 49 pateras con medio millar de inmigrantes, en su mayoría argelinos. La misma previsión que tenían para todo el año, por lo que el subdelegado del Gobierno, Francisco Bernabé, llegó a calificarlo de «ataque orquestado» de las mafias de trata al conocer que días antes otros inmigrantes quedaron en libertad por falta de espacios donde ubicarlos.
No solo no había instalaciones. Tampoco jueces para tomarles declaración en el plazo establecido. A toda prisa, se habilitaron siete juzgados para iniciar así los trámites de expulsión. Pero es un proceso largo, y los siete centros de internamiento (CIE) repartidos por todo el país están colapsados ante el aumento de inmigrantes llegados sobre todo por mar. El 160% más que en el 2016, señala el Ejecutivo, 20.000 personas en total. Así, los magistrados aceptaron la propuesta de Interior de recluirlos en Archidona. Sin conocer que el centro que ponían a su disposición era una prisión, dado que en sus autos, según diversas fuentes, no consta la expresión «centro penitenciario» y sí «centro para extranjeros». El argumento del Gobierno del PP es que si aún no se ofrece el servicio penitenciario, no se puede considerar prisión.
Allí están siendo trasladados
460 inmigrantes, a los que se ha escuchado gritar «libertad», según audios difundidos. Los menores han sido derivados a un centro especializado en Mazarrón (Murcia) y las mujeres han necesitado hospitalización. Tras varios retrasos, la cárcel de Archidona, con 1.008 celdas y una de las más modernas del país, debía entrar en funcionamiento a comienzos del 2018. De hecho, varios funcionarios de prisiones habían tomado ya posesión de su plaza. Según explican desde la Subdelegación del Gobierno en Málaga, no serán ellos quienes se encarguen de los inmigrantes, sino oenegés, como en los CIE. Consideran que es «la respuesta más adecuada posible» dado que garantiza que la atención «médica y jurídica esté lo más concentrada posible y sea operativa». También habrá policía para vigilar las instalaciones.
SISTEMA INEFICIENTE La Asociación Proderechos Humanos y otros colectivos han denunciado que, según las leyes de extranjería, los migrantes indocumentados no son presos, y los centros donde deben estar no pueden tener carácter penitenciario, ya que su único objetivo es «custodiar a los inmigrantes para garantizar el proceso de expulsión» y durante un máximo de 60 días, explica el jurista de la asociación Carlos Arce. Un proceso que, sin embargo, ni siquiera es efectivo: la fiscalía constató que en el 2016 solo se expulsó al 29% de los inmigrantes llevados a CIE. El desmantelamiento de los CIE es una larga reivindicación de las oenegés, ya que en la práctica los extranjeros «tienen más restringidos sus derechos que en una cárcel». No se les permiten los vis a vis, no tienen contacto con familiares ni acceso a sanidad o educación.
La Oficina del Defensor del Pueblo ya ha recibido las primeras denuncias sobre este caso y ha señalado que se mostrará «vigilante para que se garanticen los derechos de estas personas». La Junta considera que no es la «ubicación adecuada» y reclama más fondos para abordar el conflicto en origen, mientras que la alcaldesa de Archidona, Mercedes Montero (PSOE), lamenta que «la gestión del Gobierno no ha sido la más correcta».