cien mil discapacitados intelectuales ya pueden ejercer su derecho al voto
El Congreso aprueba la reforma de la norma actual por unanimidad
El Pleno del Congreso aprobó ayer por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) que permitirá el voto de las personas con discapacidad intelectual, una situación que afecta a casi cien mil ciudadanos en España. El texto completa así su tramitación en la Cámara baja y pasará ahora al Senado. Si en el proceso en la Cámara alta no se registran enmiendas para su modificación y consigue la mayoría de apoyos en el Pleno, pasaría directamente a ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y a su aplicación. En España hay decenas de miles de ciudadanos privados del derecho de sufragio debido a que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo por el que se les ha incapacitado judicialmente, lo que lleva consigo la imposibilidad de votar y ser elegidos en sufragios. La reforma, impulsada por la Asamblea de Madrid, ha contado con el consenso de todas las fuerzas políticas durante todo el proceso y sólo se ha descolgado EH Bildu -que se abstuvo en la votación de la ley en la Comisión Constitucional-en la última parte de su tramitación, como consecuencia de una enmienda presentada por el PP y que, finalmente, ha sido incluida en el texto final.
Con los cambios ya realizados, la LOREG dejará de contar con los apartados c) y d), en los que se establece que «carecen de derecho de sufragio los declarados inca- paces en virtud de sentencia judicial firme» y «los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial». Además, a iniciativa de los representantes del Partido Popular, ya no serán jueces y tribunales los responsables de pronunciarse al respecto de este procedimiento. El nuevo redactado determina que «toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera».
El texto final aprobado por el Congreso también cuenta con el apoyo del Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI), que también ha participado en la puesta en marcha de esta reforma.