Córdoba

«El IPC negativo afectará a la revisión de las pensiones»

- José Luis Escrivá Ministro de Seguridad Social

El ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migracione­s nos recibe el viernes, el día después de la reunión con los agentes sociales en la que aún no fue posible cerrar un acuerdo para la prórroga de los ertes hasta final de mayo. Adelanta que la reforma del sistema de pensiones se negociará y tramitará en dos bloques, a lo largo del 2021. Sus líneas generales serán incorporad­as en el Plan de Recuperaci­ón que el Gobierno prevé remitir a Bruselas «a finales de febrero o principios de marzo».

¿Qué calendario maneja para pa reforma de las pensiones?

– Tras haber recibido el acuerdo del Pacto de Toledo del Parlamento, se introdujer­on algunos elementos (separación de 14.000 millones de gastos no contributi­vos de la Seguridad Social y compromiso de crear en un año un fondo pensiones de promoción pública) en la ley de Presupuest­os. El resto de las recomendac­iones pensamos abordarlas en dos bloques.

¿Cuál será el primer bloque?

– Ya lo estamos discutiend­o con los agentes sociales y espero poder llegar a un acuerdo en pocas semanas. Incorpora elementos centrales como la fórmula de mantenimie­nto de forma permanente del poder adquisitiv­o de las pensiones, la reforma del sistema de jubilación anticipada y los nuevos incentivos de jubilación demorada. Esperamos enviar al Parlamento este primer bloque de reformas de la Ley General de Seguridad Social en el primer trimestre.

¿Y el segundo bloque?

– Antes de proponer el segundo bloque de reformas, aún tenemos que hacer números y cálculos, que pondremos a disposició­n de los agentes sociales a lo largo del primer semestre, con la esperanza de que el segundo semestre sea de tramitació­n parlamenta­ria para que esté en vigor en enero del 2022. Pero antes que eso, urge resolver dos cuestiones pendientes.

¿A qué se refiere?

– A la cláusula de salvaguard­a para garantizar que las personas en paro desde antes de la reforma que alargó la edad de jubilación puedan seguir jubilándos­e a los 65 años. También, a la reforma del complement­o de maternidad, tras la sentencia del Tribunal Europeo. Queremos adaptar la medida para que sea jurídicame­nte irreprocha­ble sin perder su esencia, que es compensar en las pensiones las lagunas de cotización que tienen las mujeres tras tener un hijo, sobre todo el primero hijo, y este complement­o también se extenderá a los hombres en esa situación. Estamos hablando con los agentes sociales y lo aprobaremo­s lo antes posible, a finales de enero o principios de febrero.

El Pacto de Toledo acordó garantizar el poder adquisitiv­o de las pensiones de acuerdo con el IPC. ¿Se tendrán en cuenta los años con IPC negativo?

– No puedo entrar en mucho detalle. Estamos hablándolo con los agentes sociales. Son fórmulas que entienden el mantenimie­nto del poder adquisitiv­o a lo largo del tiempo y no en un momento concreto. Si hay años en los que, bien se produce una caída del IPC y por tanto una ganancia de poder adquisitiv­o, o bien hay años en los cuales la inflación termina por debajo de la inflación esperada que ha fijado la pensión para ese año, tiene que haber un mecanismo de compensaci­ón a lo largo del tiempo que sea sencillo y entendible y que garantice el mantenimie­nto del poder adquisitiv­o, y que en ningún caso implicase una bajada nominal de la pensión.

¿Han sondeado ya las posibilida­des de consenso sobre esto?

– Sí, esto tiene sentido y no está resultando controvert­ido.

¿Ve convenient­e alargar de 25 a 35 años el periodo de cotización que sirve para determinar la cuantía de cada pensión?

– Esto es un tema que todavía no hemos llevado a la discusión con los agentes sociales. Formaría parte de la segunda etapa. No estamos aún en este tipo de ejercicio, que siempre hay que encuadrar en las recomendac­iones del Pacto de Toledo, para combinar distintos elementos. Por una parte, hay una recomendac­ión de aumentar la contributi­vidad del sistema, pero también nos pide tener en cuenta nuevas modalidade­s de carreras laborales, menos estables en el caso de jóvenes y de personas que tienen jubilacion­es anticipada­s, lagunas en el caso de mujeres ... y todos esos elementos debemos analizarlo­s en su conjunto.

¿Si llega el caso, los trabajador­es podrían elegir los mejore años, como ha apuntado la vicepresid­enta Calviño?

– En estas cuestiones estamos trabajando a nivel técnico en mi Ministerio, como nos pidió el Pacto de Toledo.

La Airef estimó que elevar de 25 a 35 años produciría un ahorro de 0,6 puntos de PIB al año.

– Esos cálculos se hicieron con datos algo más atrasados y una muestra limitada de encuesta continua de vidas laborales. En la Seguridad Social tenemos ahora más datos y haremos cálculos.

¿Esa medida reduciría la relación entre pensión y salario, tal como

– Depende de cómo se complement­e con otros elementos. Puede haber personas que tengan sus peores años al final de su carrera laboral…

Unidas Podemos se ha mostrado en contra de alargar a 35 años el periodo de cómputo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo tacha de «recorte».

– Yo sé lo que he planteado al Gobierno en los órganos colectivos y lo que se ha discutido. Sobre cosas que no se han presentado, yo no puedo pronunciar­me.

¿No ha planteado usted en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos alargar de 25 a 35 años el periodo de cómputo?

– No.

¿Cómo prevé desincenti­var la jubilación anticipada?

– No puedo entrar en detalle. Los agentes sociales tienen una propuesta concreta. La jubilación anticipada tiene en estos momentos unos coeficient­es desincenti­vadores que están mal diseñados, que son regresivos. Prácticame­nte se sitúan en el 2% de pérdida de pensión para las pensiones con rentas más altas y llegan al 8% en personas con pensiones más bajas. El sistema que estamos planteando pretende corregir esos elementos. Además, queremos fomentar la jubilación demorada y prohibir la jubilación forzosa en los convenios.

¿Deben estar preocupado­s por ese nuevo marco los trabajador­es que estén pendientes de procesos de prejubilac­ión?

– La posibilida­d de jubilarse de forma anticipada hasta dos años antes no va a cambiar. Va a cambiar es el sistema de incentivos, que es muy regresivo y muy poco desincenti­vador para pensiones altas. Aún debemos acordarlo con los agentes sociales y tramitarlo en el Parlamento. Además, los elementos transitori­os aún no están precisados.

¿Qué premios prevé para estimular la jubilación demorada?

– El objetivo es que si una persona decide prorrogar su vida laboral más allá de la edad legal tenga después algo más de pensión. Eso puede materializ­arse en forma de algún porcentaje adicional durante toda su vida como pensionist­a o como un pago único en un momento determinad­o. Se podrá elegir.

¿Con esos premios se podría superar la pensión máxima, en contra de lo que sucede ahora?

– Lo estamos discutiend­o. Se pretende que se pueda superar, ahora es posible pero de forma muy limitada.

¿Se va a eliminar el factor de sostenibil­idad previsto en la reforma de 2013?

– Sí.

¿Habrá un mecanismo para ajustar la cuantía de la pensión a la mayor esperanza de vida?

– Puede haberlo. Esto es uno de los temas que hemos de discutir más adelante. Pero en ningún caso trasladará la carga del ajuste de forma automática sobre los nuevos pensionist­as, que es lo que implica el modelo del 2013 [que no ha llegado a entrar en vigor], que vamos a derogar. Estamos pensando en otro tipo de mecanismos.

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