Córdoba

Inútil Ministerio de Consumo y Bienestar Social

De la publicidad del juego a la factura eléctrica o las mascarilla­s..., y los ciudadanos, sin proteger

- Palomares Ortega* JOSÉ ÁNGEL

Allá por el año 1983, fui contratado por la entonces Asociación de Amas de Casa y del Consumo Familiar para prestar mis servicios profesiona­les a sus asociados en materia de consumo. Esta iniciativa fue de su presidenta, Dª Pilar Rosch, quien incluso antes de la aprobación de la primera Ley para la Defensa de los Consumidor­es y Usuarios de 1984 vislumbró la importanci­a que iba alcanzar en nuestra sociedad la defensa de los derechos de los consumidor­es.

Desde la creación del primer Ministerio de Sanidad y Consumo por Leopoldo Calvo Sotelo en año 1981, hasta su eliminació­n por José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2009, la defensa de los consumidor­es y usuarios ha merecido por unos y otros gobiernos más o menos atención. Cabe destacar la labor realizada por el Ministro Ernest Lluch, de quien fue la iniciativa de llevar la aprobación de la primera Ley para la defensa de los Consumidor­es y Usuarios en el año 1984, y quien le dio un fuerte impulso al ya desapareci­do Instituto Nacional de Consumo. Especial importanci­a tuvo la organizaci­ón por su parte del curso para formar abogados de consumo en el año 1988, al que tuve la suerte de asistir.

En la presente Legislatur­a, Pedro Sánchez crea un específico Ministerio de Consumo y Bienestar Social que, en un principio, generó grandes expectativ­as entre los

«Qué bienestar social para las familias procura el Sr. Garzón?»

que, desde hace años, nos hemos preocupado por el consumo. Pronto estas expectativ­as se vieron frustradas.

¿Qué se puede decir del actual Ministerio de Consumo y Bienestar Social, cuya página web ni siquiera se puede localizar utilizando su propia denominaci­ón?

¿Qué se puede decir de un Ministerio de Consumo que dispone de una Secretaría General de Consumo y Juego, de una Dirección General de Ordenación del Juego, de una Subdirecci­ón General de Inspección del Juego y de una Subdirecci­ón General de Regulación del Juego, que permite que nos tengan machacados con anuncios televisivo­s incentivan­do el juego y las casas de apuestas? ¿Es así como pretende el Sr. Garzón defender a los colectivos vulnerable­s recogidos en el Decreto aprobado el pasado 19 de enero? ¿Qué Bienestar Social se procura desde el Ministerio a tantas y tantas personas con adicción al juego y a las organizaci­ones sociales que intentan paliar estas dependenci­as?

¿Qué bienestar social para las familias procura el Sr. Garzón en los momentos en que nos encontramo­s, cuando descarta bajar el tipo del IVA de la luz que pagamos a un tipo superior al de Alemania, Francia, Italia, Portugal y el Reino Unido?

¿Por qué no reclama el Sr. Garzón la reducción del IVA para todas las mascarilla­s, incluidas las FFP2, indicadas por sanidad como las más eficaces?

La respuesta a todas estas cuestiones, y a muchas más que podríamos formular, es clara. La creación del Ministerio de Consumo no responde a un interés por parte del Gobierno de proteger los derechos de los consumidor­es y usuarios, sino a la necesidad de dar una cuota de poder a una organizaci­ón política que dice una cosa cuando está en la oposición y hace otra muy distinta cuando dispone de poder y herramient­as. Basta leer las publicacio­nes del Sr. Garzón antes de ostentar tan alto cargo. Mejor prescindir de dicho Ministerio y ahorrarnos tan abultado gasto para otras necesidade­s que tiene nuestro país en este momento.

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