El Senado deroga la prisión de las coacciones en las huelgas

El artículo desactivado castigaba con hasta tres años a los piquetes

El pleno del Senado aprobó ayer definitivamente la ley orgánica que deroga el artículo 315.3 del Código Penal, que castiga con hasta tres años de cárcel a los piquetes informativos que coaccionen a otros trabajadores a seguir una huelga. La ley salió adelante con 139 votos a favor, 106 en contra y 14 abstenciones, sin que se intorujese enmienda alguna, con lo que el texto no tiene que volver a pasar por el pleno del Congreso.

Primero se votaron y rechazaron las dos propuestas de veto presentadas por PP y Vox, partidarios de mantener un tipo penal específico para la coacción en el contexto de una huelga. La portavoz del PP, Cristina Ayala, consideró que esta derogación es una «chapuza» y una medida sectaria y propagandística con la que el PSOE ha querido hacer un gesto al sindicalismo.

El portavoz de Vox José Manuel Marín Gascón, aseguró que su grupo está a favor del derecho de huelga, pero en contra de que se ejerza bajo presión, coacción o violencia, ya que «cada vez que hay una huelga aparecen los piquetes que dejan de ser informativos para volverse violentos».

El portavoz socialista, Toni Ferrer, histórico líder de UGT hasta su incorporación al PSOE, defendió que la posibilidad de extender la huelga informando a los trabajadores es inseparable del ejercicio del derecho fundamental de

huelga y no puede estar penado. «Los piquetes no son violentos ni tienen ninguna intención insurreccional», dijo Ferrer, que acusó al PP y Vox de querer «impedir que se hagan huelgas».

UGT y CCOO celebraron que por fin se haya derogado un artículo por el que consideran que han sido encausados de manera injusta cerca de 300 sindicalistas, fundamentalmente durante los años de gobierno del PP en los que el Ministerio Fiscal hizo una aplicación «generalizada y abusiva» del artículo, solicitando penas de hasta 8 años de cárcel par sindicalistas que participaron en piquetes. En un comunicado conjunto recordaron que la ley aprobada contempla la anulación de las sentencias aplicadas por ese precepto.

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