Dorado defiende la legalidad de los contratos e IU siembra nuevas dudas
El teniente de alcalde de Cs reta a Amparo Pernichi a ir al juzgado si ve delito El PSOE pide al alcalde que intervenga y Podemos dice que la empresa es «fantasma»
El teniente de alcalde de Infraestructuras, David Dorado, insistió ayer en la legalidad de los contratos de su delegación, mientras que Izquierda Unida sembró nuevas dudas sobre las adjudicaciones de este área durante el cuarto trimestre del 2020, y en el que se incluye la obra para la iluminación de un tramo de la avenida de Libia. El final de dicha obra se certificó a 30 de enero a pesar de que continuó en marcha a lo largo del 2021, según ha certificado IU con acta notarial de fecha 5 de enero. Además, este grupo municipal mostró ayer nuevas fotografías de marzo e incluso abril en las que pueden verse que las farolas seguían embaladas y sin poner y las zanjas abiertas.
Entre las nuevas dudas vertidas por IU, que hoy anunciará por fin si acude a los juzgados por dos supuestos delitos de fraccionamiento de contratos y falsedad en documento público, hay cuatro líneas argumentales: la adjudicataria de la polémica obra (Construcciones Sierracon) se creó en junio y fue seleccionada para esta actuación a pesar de que esta requería, según el contrato, contar con una empresa de «demostrada capacidad»; que dicha empresa fue invitada a participar en la mayoría de los contratos de Infraestructuras del último trimestre del 2020; que los dos contratos menores logrados los consiguieran por una baja del 0,07% y otra del 0,57%, lo que implica que afinaron muy fino, y que el 80% de los contratos menores se certificaron el 30 de enero.
Por su parte, David Dorado retó ayer a la concejala de IU Amparo Pernichi a irse a los juzgados para denunciar: «Los proyectos se han pagado y han superado todos los controles. Si tiene el convencimiento de que hay delito, en vez de repetirlo lo que tiene es que irse al juzgado», afirmó en una comparecencia en la avenida de Libia, junto a un grupo de vecinos que le aplaudieron al final de su intervención.
Frente a la versión dada por Dorado el viernes, en su relato de ayer no hizo mención al supuesto robo de cable que obligó a la empresa adjudicataria a tener que abrir zanjas de nuevo para la reposición del mismo. En esta ocasión, el edil de Cs --que no supo decir ayer cuándo finalizó la obra-- deslizó cualquier responsabilidad que hubiera podido cometer al funcionario que certificó el final de la misma y añadió que su papel al frente de la delegación no está para decir cuándo se acaba una obra. También incidió en que para que se produzca falsedad documental tendría que haberse producido algún beneficio o algún perjuicio para alguien, algo que a su entender no ha ocurrido. «Los funcionarios son personas y se pueden equivocar. Eso no es que incurra en falsedad documental sino que simplemente han cometido un error y la ley contempla la rectificación de errores de oficio o a instancia de terceros», apuntó.
Para Dorado, lo único «turbio» de este asunto y lo único que no ha ocurrido en 40 años de democracia en Córdoba es que una concejala contrate a un notario para fiscalizar el trabajo de los funcionarios y se pasee el día de Reyes en busca de algún error administrativo. Por ello, el teniente de alcalde acusó al grupo municipal de IU de malversación de caudales públicos por haber contratado los servicios de un notario con fondos del grupo municipal. «¿Después de esto qué viene, contratar a un detective privado?», preguntó.
PSOE y Podemos también exigieron ayer que se aclaren los contratos menores vinculados con David Dorado y se sumaron a la denuncia realizada el viernes por IU. Los socialistas piden la intervención del alcalde, José María Bellido, en este asunto, así como la relación de contratos menores de todas las áreas municipales tal y como se comprometió en el acuerdo de presupuestos municipales rubricado hace solo unos días con el grupo municipal socialista.
Por su parte, Podemos aportó a la causa una pequeña labor de investigación sobre esta empresa, de la que no hay en internet ningún contacto, teléfono, web o perfil en redes, solo el domicilio que aparece en el registro mercantil, en calle Algeciras. Allí se personó ayer Podemos, pero ningún vecino pudo darle norte: «Una empresa recién creada, sin un teléfono de contacto, sin una sede física, cómo es posible que haya sido elegida para concederle dos contrataciones en el último trimestre de 2020 a pocos euros del límite máximo establecido para los contratos menores, salvándose de concurrir en un proceso de concurrencia competitiva», preguntan.
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