La Audiencia Nacional estudia una estafa con criptomonedas
Las víctimas pueden ascender a 32.000 y el dinero, a 100 millones
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha asumido la investigación de la que él mismo considera «la mayor trama piramidal en relación con la inversión en criptomoneda» de España. Se trata de la realizada a través de la empresa Arbistar 2.0, con 1.127 víctimas, que se calcula que podrían llegar a las 32.000 por el número de cuentas afectadas. En cuando al perjuicio económico, que actualmente se cifra en más de 41 millones, se cree que podría superar los 100 millones.
En su auto de admisión, el titular del Juzgado Central de Instrucción 4 imputa a los investigados, bajo la dirección del administrador único de Arbistar, Santiago Fuentes Jover, los delitos de estafa agravada, organización criminal y delito continuado de falsificación en documento mercantil. El juez señala que mediante esa empresa, cuyo objeto social es «el desarrollo y promoción en aplicaciones de criptomonedas semiautomatizadas», los imputados urdieron presuntamente una trama defraudatoria en el mercado de las criptodivisas.
A cambio de rentabilidades de entre el 8% y el 15% mensual, que se pagaba semanalmente, siempre los sábados, los inversores debían abrirse un monedero virtual
en una plataforma de comercio de criptomonedas ubicada en San Francisco y dejaban su control a Arbistar.
«Lo que esta trama hizo presuntamente fue utilizar una parte del dinero obtenido de los inversores para entregarlo a otros anteriores en pago de los altos intereses convenidos, lo cual generaba una gran confianza en ellos acerca de que su inversión era segura y muy rentable, de tal suerte que ellos mismos se incentivaban para invertir una mayor cantidad de dinero con la esperanza de obtener un beneficio aún mayor», relata el juez. Los problemas surgieron en agosto del año pasado cuando varios inversores pidieron retirar sus fondos y no pudieron.
Las pesquisas iniciadas en un juzgado de Arona (Tenerife), que ha acabado inhibiéndose a favor de la Audiencia Nacional, han determinado que puede haber perjudicados en más de 30 audiencias provinciales, lo que, sumado a la cantidad estafada, hace que la competencia resulte evidente, dice el magistrado.
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