Unos 750 funcionarios de Justicia, llamados a la huelga
Exigen una subida salarial y parar la Ley de Eficiencia Organizativa
Tras dos meses de huelga de los letrados de la Administración de Justicia, los parones en los juzgados vuelven. El resto de funcionarios ha tomado la iniciativa, a través de los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y STAJ, para reclamar subidas salariales como las que consiguieron los LAJ. En Córdoba, unos 750 profesionales están llamados a la huelga, según precisó CSIF, sindicato mayoritario.
La primera movilización tuvo lugar durante la jornada de ayer en Madrid ante la sede del Ministerio de Justicia. La huelga, sin embargo, comenzará el próximo lunes, 17 de abril, con paros de 10.00 a 13.00 horas. Para el miércoles siguiente, hay previsto un parón general de toda la jornada y otra manifestación en la capital de España.
El colectivo también exige, según indicaron desde CSIF en una nota de prensa, la paralización de la futura Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que impone nuevas condiciones laborales sin una previa negociación.
MÍNIMOS/ SERVICIOS La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Presidencia, decretó ayer los servicios mínimos en juzgados, fiscalías e institutos de medicina legal y ciencias forenses en servicio de guardia, que deberán contar con todo su personal; en los departamentos al cargo de medidas cautelares o provisionales; para los juicios orales con presos; para actuaciones del Registro Civil, dando prioridad a todas aquellas actuaciones de naturaleza registral; para actuaciones relativas a al violencia de género y en los juzgados que tratan estas causas; y para procedimientos que requieran tutela judicial efectiva por tratarse de derechos fundamentales de la jurisdicción Social y de lo Contensioso-administrativo.
En el ámbito correspondiente a la Consejería de Justicia, la Junta de Andalucía determinó los servicios mínimos de una persona de gestión y/o tramitación en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en las audiencias provinciales, en fiscalías, en decanatos y servicios comunes de notificaciones y embargos y en diferentes juzgados.