De Planas en la reunión y UPA demanda un encuentro con el ministro
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA pidieron ayer al Gobierno central y a las autonomías que se habiliten medidas «urgentes» de índole económica y legislativa para paliar los efectos de la sequía severa en el sector primario y creen que «ya no caben más análisis», sino pasar a la acción.
Las tres organizaciones participaron ayer en la reunión de la mesa nacional de la sequía. A la salida, el presidente de Asaja, Pedro Barato, insistió en que la situación «no está para diagnósticos» y lamentó que el ministro Luis Planas no asistiera al encuentro al ser un «problema acuasimismo, Asaja pidió un decreto de sequía «urgente» que recoja medidas económicas, fiscales y en el ámbito de los seguros agrarios. Además, reclamó flexibilidad para aplicar la nueva Política Agrícola Común (PAC) en ámbitos como el cumplimiento de los ecorregímenes y que se demore la entrada en vigor del cuaderno digital del campo, prevista para septiembre.
Desde COAG, el miembro de la comisión Ejecutiva Andrés Góngora solicitó, en el mismo tono, que se pase del diagnóstico a la acción con la aprobación de un decreto de sequía y un pacto de Estado para que este problema «no se convierta en un arma arrojadiza».
Asaja lamenta la ausencia
propuso la constitución de una mesa interministerial con Agricultura, Economía, Hacienda y Transición Ecológica para «sacar adelante todo tipo de medidas» porque la situación «es muy grave». Al igual que Barato, pidió flexibilidad tanto para aplicar la PAC como a la hora de imciante». plantar otras normativas sobre fitosanitarios.
Por su parte, el secretario ejecutivo de UPA, Ignacio Huertas, incidió en la necesidad de poner «presupuesto» comunitario, nacional y autonómico sobre la mesa para adoptar planes «urgentes» de respuesta. Esta organización ve pertinente que se celebre un encuentro «al más alto nivel, es decir, con el ministro Luis Planas» en el plazo «más breve posible». UPA es partidaria de más ayudas directas al agricultor, de modificaciones legislativas para facilitar la gestión de las explotaciones y de flexibilizar las exigencias de la PAC.