La Junta pide explorar la permuta de suelo para retirar su ley de Doñana
Los agricultores afectados podrían cultivar fresa y frutos rojos en terrenos más alejados del parque El PSOE vuelve a insistir en que el presidente andaluz debe mover antes ficha para negociar
Después del nuevo apercibimiento que la Junta de Andalucía recibió de la Comisión Europea hace solo unos días, en el que Bruselas dejó muy claro que rechaza la nueva ley aprobada por el PP (que también respalda Vox) para ampliar las hectáreas de regadío en la zona de la Corona Norte de Doñana, el presidente Juanma Moreno hace un intento de mover ficha. En realidad, la situación está muy enquistada: el Gobierno central exige la retirada de la proposición de ley antes de sentarse a hablar. Y el Ejecutivo andaluz, que no está dispuesto a dar su brazo a torcer, pide que «se exploren» propuestas como la de la permuta de suelos que Alfonso Guerra ha resucitado ahora y que los socialistas ya propusieron en el Parlamento.
La cuestión, repitió Moreno en una entrevista en el programa de televisión Espejo Público ayer, es que «hay cientos de agricultores atrapados en un tipo de alegalidad» a los que no dejará sin una solución. El presidente de la Junta hizo muchos esfuerzos en remarcar que el problema «está en la Corona Norte de Doñana, no en el Parque Natural, ni es una zona protegida», dijo, acusando al Gobierno
de estar haciendo un uso «torticero» de la nueva ley y de la realidad. Aún así, señaló, «como queremos buscar consensos y sentarnos a hablar, exploremos la propuesta de Alfonso Guerra», dijo.
Esa posibilidad, a la que la Junta se abre para negociar «discretamente»
con el Gobierno, fuera de focos, pasaría por realizar una permuta de suelos por la que los agricultores afectados pudieran cultivar la fresa y los frutos rojos en terrenos más alejados del Parque Natural, aliviando el acuífero y, al mismo tiempo, dándoles una salida. La cuestión es que, aunque más lejos, se ampliarían de todas formas las hectáreas de regadío.
El Gobierno no es partidario de empezar ninguna negociación hasta que la Junta no retire su polémica ley. Eso, retirarla antes de nada, sería un varapalo político muy relevante para Moreno. Y aquí empieza un nuevo tira y afloja. Moreno volvió a criticar en esa entrevista «la utilización política» de una situación tan dramática para el mayor humedal del sur de Europa. Y puso en valor algunas acciones de su Gobierno autonómico, que dijo ha pagado ya «14 millones de euros en sanciones» para el proceso de depuración del agua que los ejecutivos socialistas anteriores no hicieron. «Y ahí no se dijo nada. Con eso no pasaba nada», ironizó el presidente autonómico.
⁄⁄ Hasta el momento, la opción más valorada por el Ministerio de Transición Ecológica que lidera Teresa Ribera pasa por la compra de derechos de riegos y fincas, igual que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy con la finca de Los Mimbrales. De hecho, el plan marco para Doñana incluye una partida de 100 millones de euros para ello. Pero el PP no ha mostrado ningún interés en esta idea, al menos hasta ahora. Desde el PSOE andaluz,
EL PSOE PRESENTÓ LA PROPUESTA
su secretario general, Juan Espadas, destacó que rechazaron una propuesta socialista en el Parlamento que incluía «la adquisición de fincas y la permuta de terrenos fuera de la comarca, con los 100 millones que hay en el plan del Estado para Doñana». «Por qué no lo aceptó», preguntaba ayer Espadas a Moreno Bonilla, en lugar de plantear una iniciativa que se enfrenta a nuevas multas de la UE a España y a Andalucía .
Como hizo el pasado martes Ribera con la demanda de que retire la proposición de ley como paso previo a abrir una negociación con el Gobierno, Espadas defendió que ha llegado el momento de «reconocer el gran error», «abandonar la iniciativa, paralizar la tramitación y retirarla». Eso, dijo, sería «lo sensato». A partir de ahí tendría que sentarse con el Estado, los ayuntamientos y los agricultores para buscar una salida «dentro de la legalidad», que no implique sanciones de Bruselas.
«No caben» las dos cosas, recalcó, en referencia a buscar una solución a la proposición de ley en el Parlamento andaluz. «O su vía unilateral que genera el rechazo del Gobierno y la UE o la bilateral de búsqueda de acuerdo para resolver el problema, que es lo que le dije ya el año pasado», destacó Espadas.