Un total de 750 trabajadores de justicia están llamados a la huelga
Los funcionarios de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia, que suponen el 93% del conjunto del personal que compone la Administración de Justicia, iniciarán el próximo lunes, 22 de mayo, huelga indefinida «por una subida salarial acorde con las funciones que realizan», según informa CSIF, uno de los sindicatos convocantes. El responsable del Sector de Justicia de CSIF Córdoba, Antonio González, espera «que haya una participación masiva contra la discriminación hacia este colectivo frente a otros por parte del Ministerio, que desgraciadamente no ha puesto sobre la mesa una oferta seria para reconocer profesional y retributivamente el trabajo que desempeñan estos trabajadores y trabajadoras».
González participó ayer en la Ciudad de la Justicia en una asamblea informativa a la plantilla de estas movilizaciones. Según recordó, el último contacto del departamento que dirige Pilar Llop con los representantes de estos trabajadores
Los sindicatos dicen que el ministerio discrimina a los funcionarios
tuvo lugar el 24 de abril y, desde entonces, la titular del ramo «ha hecho oídos sordos a nuestras reivindicaciones y al endurecimiento de nuestras protestas, cuyos efectos negativos para la ciudadanía lamentamos profundamente, si bien el único responsable es el Ministerio, que sí ha tenido a bien atender y responder positivamente a todos colectivos».
El representante sindical de CSIF subrayó que los funcionarios -unos 750 en Córdoba, 9.000 en Andalucía y un total de 45.000 en el conjunto de Españaestán siendo tratados como «funcionarios de segunda» frente a otros cuerpos, y destacó que «llevamos décadas sin ser reconocidos ni profesional ni retributivamente», de forma que «si solo hubiéramos hecho las funciones que tenemos asignadas legalmente, la justicia ni funcionaría ahora ni habría funcionado nunca».
La huelga ha estado precedida desde abril por distintos paros parciales y jornadas de huelga de 24 horas, así como distintas movilizaciones paralelas como concentraciones en dependencias judiciales y manifestaciones.