García defiende «transparencia» en los contratos de emergencia
La consejera de Salud afirma que el PSOE «usó más esa vía», pese a no estar en pandemia Los socialistas denuncian que se aplica un nuevo sistema de tarifas «sin respaldo legal»
La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, trasladó ayer en la Comisión de Salud del Parlamento que tanto su área como el resto del Gobierno andaluz «actúan con total transparencia» en la contratación de emergencia, toda vez que subrayó que el PSOE «utilizó más la vía de emergencia» que el PP cuando estuvo al frente del Gobierno pese a no estar en pandemia. En este sentido, recordó este Gobierno, «fiel al modelo de gestión que le caracteriza, puso en marcha medidas de control y coordinación en los órganos de contratación de la Junta», donde se indicaba que «el uso de la contratación de emergencia debe ser siempre excepcional y justificada razonadamente». Además, destacó la creación de la Dirección General de Contratación y la publicación de la instrucción sobre contratación de emergencia para una adecuada planificación de este tipo de contrato, con la que «se aumentaron la garantía, los controles y la publicidad».
«Esta Consejería y todo el Gobierno de la Junta de Andalucía actúa y ha actuado con total transparencia en la contratación de emergencia, publicando las contrataciones en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía, adjuntando en cada una la documentación justificativa. «Todos los contratos
firmados por esta Consejería cuentan con el aval del gabinete jurídico de la Junta y están sometidos a la fiscalización de la Intervención», dijo al tiempo que insistió en que el Gobierno andaluz «se rige rigurosamente por la transparencia y cumple rigurosamente lo establecido por la Ley de Contratos del Sector Público».
«En 2018 y sin pandemia el PSOE usaba el procedimiento de urgencia más que nosotros», manifestó García, quien aseguró que una
vez realizada consulta al Tribunal de Administrativo de Recursos contractuales de la Junta «nos informan que no se ha presentado ningún recurso en los últimos años cuestionando la motivación de los procedimientos tramitados por la vía de emergencia», concluyó.
Por su parte, la diputada socialista calificó la situación de «turbia historia» y explicó que el 21 de enero de 2021 el gerente del SAS «dicta una resolución por valor de 70 millones por la que se acuerda la tramitación de emergencia de servicios de asistencia complementaria a usuarios del SAS por sobrecarga de la propia red», justificando la tramitación por vía de emergencia «en la presión de los centros públicos por la Covid».
A esta resolución, continuó, «se le hacen multitud de adendas en todas las provincias y de 70 millones se pasa a 243 millones», toda vez que las prórrogas «se siguen sucediendo hasta el 31 de diciembre del 2022 y luego hasta junio de 2023», por lo que espetó a la consejera «por qué usan la vía de emergencia tras la finalización del segundo estado de alarma, cuando ya no era posible recurrir a esta vía de contratación excepcional». «Durante los años 21 y 22, y hasta mayo de 2023, la Consejería de Salud ha contratado por vía de emergencia con clínicas privadas con la justificación de no ser posible desarrollar un procedimiento ordinario, abierto, con concurrencia competitiva por las circunstancias sanitarias», denunció Prieto, quien añadió que justo en el mismo periodo los hospitales públicos del SAS «sí que contratan por el procedimiento legal y habitual por los mismos motivos, la sobrecarga asistencial, y con las tarifas vigentes, las de 1998». Sin embargo, la Consejería y el SAS, en sus contratos de emergencia «no aplican estas tarifas y en su lugar aplica un nuevo sistema de tarificación, sin respaldo legal en ese momento».