España quiere rastrear mensajes privados
La propuesta levanta la indignación de juristas y tecnólogos
España está presionando para prohibir el cifrado de extremo a extremo y permitir que se puedan rastrear los mensajes privados, fotos y vídeos de cientos de millones de ciudadanos de la Unión Europea (UE). Así lo desvela un documento filtrado a la revista Wired que expone el posicionamiento entre bastidores de los socios europeos en relación a una controvertida ley que busca frenar la difusión en internet de contenido ilegal como el abuso sexual infantil. Esa legislación en la que trabaja Bruselas pretende permitir a las grandes empresas tecnológicas como Google, Meta o Microsoft escanear todo lo que circula dentro de sus plataformas en busca de ilegalidades. A la práctica, eso podría acabar con la encriptación que protege las comunicaciones en aplicaciones como Whatsapp, Telegram o Signal. Aunque la propuesta ha despertado la indignación de tecnólogos, juristas y defensores de la privacidad, la medida avanza.
El documento filtrado a Wired –y que el Ministerio del Interior rechaza– se trata de una encuesta interna en la que el Consejo Europeo pide la opinión a una veintena de los miembros de club comunitario. Entre todos los posicionamientos, el de España es el «más radical». «En nuestra opinión, lo ideal sería impedir por ley que los proveedores de servicios con sede en la UE apliquen el cifrado de extremo a extremo», señalan los técnicos del Gobierno español en el texto.
Ese tipo de cifrado –recomendado por la ley europea de protección de datos y que usan muchas de las principales aplicaciones de mensajería instantánea– es el que permite que sólo el emisor y el receptor de un mensaje puedan leerlo, nadie más. La encriptación evita que tus comunicaciones puedan ser interceptadas por estafadores, pero también dificulta a la policía cuando busca contenido ilegal, como pornografía infantil.
El reglamento en construcción pretende despojar los mensajes de esa capa de protección con el objetivo de agilizar la captación de contenido ilegal. Así, podría obligarse a las empresas tecnológicas a escanear y desencriptar de forma automatizada los mensajes, fotos y vídeos de sus usuarios que puedan incluir abuso sexual infantil. Esos archivos serían después comparados con las bases de datos gubernamentales que albergan material de abuso infantil para poder detectar coincidencias.