Confirman el fraccionamiento de contratos en Infraestructuras
Testigos aclaran que la práctica en sí no implicaría la comisión de delitos Pedro García ratifica la denuncia de IU y destaca su confianza en la Justicia
El juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba tomó declaración ayer a testigos del caso Infraestructuras que habrían confirmado la existencia de contratos fraccionados en el Ayuntamiento de Córdoba, sin que ello, necesariamente, implique la comisión de delitos.
Los testigos llamados a declarar fueron el jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Aguilar; la interventora general, Paloma Pardo; un empresario; la primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, y el exportavoz del grupo municipal de IU Pedro García.
Esta causa trata de esclarecer la presunta comisión de irregularidades en la contratación desarrollada en el área de Infraestructuras del Consistorio municipal y se inició a raíz de la denuncia formulada por los grupos municipales de IU y Podemos en 2021.
En mayo de aquel año, estos grupos trasladaron a la Fiscalía provincial la presunta comisión de los delitos de prevaricación, fraccionamiento de contrato y falsedad documental en actuaciones del área de Infraestructuras, y apuntaron a su coordinadora, María Luisa Bueno (que es representada por el abogado Francisco Javier Pérez) y al concejal responsable, David Dorado (defendido por Carlos Arias), como responsables políticos.
El exportavoz del grupo municipal de IU Pedro García se ratificó
ayer en la denuncia formulada y aseguró que «firmo desde el principio hasta el final» lo expuesto en aquel momento por su compañera y también concejala de IU, tristemente fallecida, Amparo Pernichi. Pedro García destacó que «nos alegramos mucho de que por fin
se aclaren los hechos relativos a la denuncia que pusimos» y manifestó, además, su «confianza máxima en lo que diga la Justicia».
Fuentes próximas a este procedimiento judicial explicaron que, en líneas generales, los testigos se ratificaron ayer en su valoración
de los hechos. En este sentido, apuntaron que, en sus declaraciones, habrían explicado al juez José Luis Rodríguez Lainz, titular de Instrucción 4, que existían advertencias de fraccionamiento de contratos en las diferentes áreas municipales, pero esto no implica, por sí mismo, la comisión de un delito.
Los testigos también habrían señalado que la plataforma de contratación no funcionaba adecuadamente por falta de personal y de otros medios, y que el Ayuntamiento de Córdoba dio una instrucción para que las contrataciones continuaran realizándose por invitación a las empresas.
Las declaraciones realizadas ayer ante el juzgado de Instrucción número 4 son un paso clave en la investigación de los hechos. Tanto es así que el pasado mes de septiembre el juez prorrogó la instrucción durante seis meses (hasta el próximo mayo) y advirtió que de las declaraciones de testigos e investigados podría derivarse la práctica de nuevas diligencias de investigación, «incluso en interés de las defensas».