El Gobierno pone reparos a financiar la ley universitaria
Supedita los fondos a que las comunidades creen nuevas plazas
La media de edad de los catedráticos de las universidades españolas es de 61 años. La de los profesores titulares, 58. Y la de los ayudantes doctores (una figura minoritaria actualmente en los campus), 42 años. Aprobada por el Parlamento en 2023, la nueva ley que regula el sistema universitario (Losu) tiene por objetivo rejuvenecer las plantillas, erradicar la temporalidad y la precariedad y otorgar estabilidad laboral a los docentes para que, como muy tarde, a los 40 años ya tengan su plaza fija. Teniendo en cuenta que la temporalidad afecta ahora mismo al 48% de los docentes, crear nuevas plazas fijas requiere una inversión importante. ¿Quién la afronta?
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades se reunió ayer en Madrid con los responsables de las comunidades para hablar de la Losu y de su financiación, el tema más espinoso de la norma. Diana Morant recordó a los responsables autonómicos que el Gobierno ha puesto encima de la mesa la creación, a partir del curso 2024-25, de 3.400 plazas de profesor ayudante doctor, figura que, a partir de ahora, será la puerta de entrada a la carrera docente universitaria. El docente ayudante doctor será una figura estable durante seis años, tendrá poca carga docente y obligación de participar en proyectos de investigación. Según los cálculos del ministerio, esta remodelación requiere una inversión de 900 millones, repartidos en seis años.
La ministra, sin embargo, advirtió a los consejeros de que el Gobierno solo financiará esas plazas -bajo el paraguas del programa para la incorporación de talento docente e investigador- si hay «corresponsabilidad» de las comunidades autónomas. «Si no entran las comunidades autónomas no entraremos», subrayó dejando claro que si los territorios no financian el resto de plazas que hacen falta para rejuvenecer por completo las plantillas y erradicar la precariedad laboral, el Gobierno no podrá encima de la mesa los millones anunciados.
Fuentes ministeriales explican que no hay una cifra oficial de plazas necesarias para cumplir con los objetivos de la Losu porque cada autonomía y cada universidad tiene sus propias necesidades y características. A pesar de eso, extraoficialmente se baraja una cifra de unas 5.100 en total, contando con las plazas financiadas por el Gobierno.
«Condicionamos la entrada de este programa en cada autonomía a la corresponsabilidad de la comunidad. Entendemos que en los próximos días vamos a ser capaces de resolver dudas particulares que puede haber por parte de las comunidades autónomas para facilitar que con este programa podamos resolver el problema de la precariedad y la temporalidad», aseguró Morant en declaraciones a la prensa, una vez terminada la reunión en la sede madrileña del ministerio.