Sanidad aprueba el plan antitabaco con el apoyo del PP
Pese al desencuentro inicial, las CCAA gobernadas por los conservadores apoyan las medidas La ministra se compromete a reinvertir contra el tabaquismo lo recaudado con los impuestos
Contra todo pronóstico, el Ministerio de Sanidad y las comunidades dieron ayer luz verde, al unísono, al plan antitabaco que prevé nuevos espacios sin humo, equiparar los cigarrillos electrónicos al tabaco convencional y aumentar los impuestos. Al inicio de la reunión las discrepancias entre el equipo de Mónica García y las comunidades del PP, que tras las elecciones gobierna en 11 de las 17 administraciones territoriales, parecían irreconciliables pero en un Consejo Interterritorial que fue largo y «tenso», según algunas voces, finalmente el consenso se ha abierto paso.
El plan, no obstante, es una mera declaración de «intenciones», según reconoció García, dado que las medidas que contiene se tienen que desarrollar con posterioridad a través de reales decretos o cambios de leyes que nunca son rápidos, pueden llevar meses o incluso años.
Pero su aprobación en el Consejo Interterritorial estuvo rodeada de las palabras grandilocuentes que se pronuncian los días «históricos» porque la estrategia se esbozó hace años, se trabajó con las comunidades y las principales sociedades científicas pero el Gobierno
anterior la guardó en un cajón -sin explicar el por qué- y fue García la que se encargó de «desempolvarla» e impulsarla de nuevo.
Pero en este propósito se encontró con la oposición de las autonomías del PP y alguna del PSOE por las «formas» empleadas y también
por el fondo, dado que surgieron varias discrepancias en torno a las propuestas incluidas, sobre todo por la intención del Ministerio de prohibir el tabaco en las terrazas, pese a que este espacio ni se menciona en el plan, que solo habla de liberar de humo espacios «públicos y colectivos».
Pero García se mostró dispuesta a intervenir en el sector hostelero y este se opone, tal como sucedió cuando se impidió fumar en el interior de bares y restaurantes. En este contexto, algunas autonomías del PP se alinearon con los hosteleros y reclamaron que se permita a los establecimientos «autorregularse» o se dé beneficios fiscales a quienes voluntariamente veten el humo, pero sin llegar a prohibirlo por ley.
En este ambiente reacio, el Ministerio aceptó el pasado miércoles, en una reunión técnica de la Comisión de Salud Pública, incorporar casi 150 de las alegaciones autonómicas, entre ellas que se elimine del plan la posibilidad de prohibir fumar en los coches cuando haya menores. Pero, al mismo tiempo y previendo que la votación sería ajustada o que el plan no saldría adelante por mayoría, propuso a las comunidades la aprobación del mismo mediante un «acuerdo de colaboración» al que las autonomías podían adherirse o no y les dio un plazo de 24 horas para comunicar su decisión.
Esta fórmula no gustó a la mayoría de gobiernos autonómicos, que no emitieron voto alguno en señal de protesta por el procedimiento elegido. Cataluña, que sí está de acuerdo, en líneas generales con el plan, Canarias, Navarra y Asturias fueron las únicas que comunicaron su adhesión. Ante ello, el Gobierno cambió de padecer y en el Consejo Interterritorial el plan se ha incluido en el apartado de ‘información’, no entre los puntos y acuerdos a debatir y votar.