El 76% de discapacitados espera más del tiempo legal en obtener el grado
«Dos años después de la entrada en vigor del nuevo baremo, la situación actual sigue siendo preocupante», señala la Confederación Española de Personas con Discapacidad
Más del 76% de las personas espera más de seis meses para obtener el grado de discapacidad según un informe preliminar elaborado por la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe). Para el 94% de ellas, la espera ha supuesto «una vulneración de sus derechos» y en el 60% de los casos no se ha tomado en cuenta «la afectación en la vida diaria de las personas, ignorando aspectos como el esfuerzo para realizar actividades básicas o el grado de dolor experimentado».
Son algunas de las principales trabas identificadas en el informe -titulado Irregularidades en la aplicación del baremo de discapacidad y realizado a partir de una encuesta a más de 600 españoles- que Cocemfe lanza con motivo del 3 de mayo, día nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.
En el documento, además, el 55,5% de los encuestados reporta que durante el proceso de valoración no se ha tenido en cuenta todas las pruebas e informes aportados y el 63% señala que tampoco se han valorado las múltiples enfermedades o trastornos que tienen. Igualmente, desde que se está aplicando el nuevo baremo, se ha producido un incremento del 6% en el número de personas que no consiguen el grado mínimo para tener reconocida una discapacidad (33%).
«La realidad es que dos años después de la entrada en vigor del nuevo baremo de discapacidad, la situación actual sigue siendo preocupante. Las personas con discapacidad siguen enfrentando obstáculos significativos», destaca el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga. El representante de la entidad considera que «sin una aplicación integral del nuevo baremo, se está incumpliendo la Convención Internacional».
Carencia de recursos
Para el presidente de la Confederación «existe una carencia significativa de recursos y formación para el personal encargado de la valoración, lo que provoca que las personas estén siendo mal valoradas y no puedan acceder a los recursos dirigidos a promover la igualdad de oportunidades». La falta de equidad y de cohesión territorial está haciendo que según donde vivan las personas, tengan derechos diferentes, remarcan.
Ante esta situación, Cocemfe «exige la aplicación inmediata y de manera integral del nuevo baremo de discapacidad, garantizando una valoración adecuada y equitativa para todas las personas» e insta a las administraciones a hacer un esfuerzo de cohesión y que apuesten por la equidad, poniendo en marcha medidas para dotar de recursos humanos y técnicos a los centros de valoración.